León, Gto. El Juzgado Decimosegundo de Distrito otorgó una suspensión provisional al Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) para que no se sancionen las irregularidades por 214 millones de pesos detectadas en la ejecución del Fideicomiso para financiar obras de desarrollo social y de seguridad (Fidesseg).
De manera general, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) realizó 34 observaciones financieras y de infraestructura.
Destacan el pago de 13 millones de pesos a integrantes de las asociaciones y sus familiares. Así, como 15 millones de pesos no comprobados, sin facturas, estados de cuenta, ni informes.
Los empresarios tramitaron el juicio de amparo indirecto 1257/2024-VII para que se suspenda la ejecución y efectos del informe de resultados de la auditoría financiera que realizó la ASEG al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública para el Estado de Guanajuato (Fidesseg).
También solicitaron la suspensión de la ejecución y efectos del dictamen aprobado, el 20 de junio, por la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso.
“Que se suspenda el acto futuro e inminente de la aprobación del dictamen señalado en el punto anterior, por parte del pleno del Congreso del Estado, ante las violaciones graves en el procedimiento de la citada auditoría en perjuicio de esta parte quejosa”, pidieron los hombres de negocios en el amparo.
“El objeto de la suspensión es mantener viva la materia del amparo, para que el acto no se consuma de manera irreparable y, por tanto, se haga irrealizable la eventual protección constitucional”, señala el titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito, Miguel Ángel Márquez Solano.
Explica que el efecto de la suspensión será interrumpir un determinado estado de las cosas, mientras se resuelve el fondo del asunto y, si las pretensiones de los empresarios resultan infundadas, los actos puedan reanudarse.
“Se concede la suspensión provisional de los actos reclamados para que, en caso de que el Congreso del Estado de Guanajuato apruebe el dictamen de veinte de junio de dos mil veinticinco, no remita el informe sancionado por el pleno a la Auditoría Superior del Estado”, acordó el juez.
El control
Del 2020 al 2024, los consejos coordinadores empresariales de León, Salamanca, Celaya, Irapuato y San Miguel de Allende tenían el control del Comité Técnico del Fidesseg, decidiendo el destino de más de mil 500 millones de pesos del Impuesto sobre la Nómina.
A través de la Fundación Empresarial Guanajuato y Actuando por Guanajuato, constituidas unos meses antes de la creación del Fidesseg, determinaban a qué organizaciones darían los apoyos.
Actuando por Guanajuato obtuvo 65 millones de pesos y Fundación Empresarial Guanajuato 83 millones de pesos solo por ser intermediarios; fueron constituidas por empresarios entre el 2018 y el 2019.
El 9 de agosto del 2019, el entonces gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, creó el Fidesseg.
Por la opacidad en el manejo del dinero, el 23 de octubre, la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto para la desaparición del fideicomiso.
Los empresarios tramitaron el juicio de amparo indirecto 1210/2024-VI y frenaron la extinción del Fidesseg.
Pero la juez noveno de distrito, Karla María Macías Lovera, reconoció el poder excesivo que adquirieron los hombres de negocios sobre los recursos públicos.
“Los criterios de elegibilidad de las fundaciones son restrictivos, puesto que el requisito de obtener el aval de al menos tres de los cinco Consejos Coordinadores Empresariales establecido en las Reglas de Operación y el Contrato Constitutivo puede fomentar una concentración de poder en dichos Consejos Coordinadores Empresariales, lo que podría generar un sesgo en la selección de las asociaciones civiles que se convierten en fundaciones”, alertó.
El nuevo amparo
Ahora en el amparo indirecto 1257/2024-VII, Michel Sojo Quiroz, representante legal del CCEL, se dolió de que no notificaron a los empresarios del pliego de observaciones de la revisión hecha por la ASEG para “respetar nuestro derecho de audiencia previa”.
El abogado de los empresarios reclamó que la Comisión de Hacienda y Fiscalización aprobara el dictamen del informe de resultados de la revisión para sancionarse “por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación”.
“Del Congreso del Estado de Guanajuato se reclama el acto futuro e inminente consistente en la aprobación del dictamen”, señala Sojo Quiroz. El 26 de junio, el Congreso aprobó el dictamen de la auditoría.
Sobre la lucha legal con el gobierno del Estado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Roberto Novoa Toscano, ha declarado que “si lo queremos arreglar y nos sentamos con nuestra señora gobernadora, en 30 minutos resolvemos el tema de Fidesseg y le cortamos todo lo que falta de telenovela a este asunto”.