Aumentar los impuestos a las personas más acaudaladas del país es un paso para la redistribución de la riqueza, señalaron representantes de la Alianza contra la Desigualdad.
A través de una protesta frente al Hemiciclo a Juárez, en el centro de la capital del país, un grupo de jóvenes activistas señalaron que imponer más tributos a las familias más acaudaladas del país es ponerles un alto, porque sólo conservan el dinero y no circula.
“La mayoría de los países del sur global, es decir, Latinoamérica, África y Asia, pagan alrededor de 20 por ciento de su presupuesto solamente en la deuda y muchas veces solamente en intereses de la deuda”, dijo Nina Arévalo, integrante del área de educación política global de Fighting Equality.
“Con un impuesto a la riqueza más una cancelación de la deuda, los estados tendrían dinero suficiente para cubrir las necesidades más básicas de las personas que hoy en día no están siendo cubiertas”, apuntó.
Miriam Hernández, coordinadora regional para América Latina de Alianza contra la Desigualdad, comentó que del 27 al 29 de junio se realizarán diversas protestas “desde diferentes dolencias, ahí donde las desigualdades se sienten más”.
Señaló que en Zimbabwe hubo una asamblea popular para hablar de las instituciones financieras internacionales y cómo están acumulando poder. En Pakistán se están manifestando en 18 ciudades campesinos exigiendo justicia y un aumento del salario mínimo.
Comentó que en México se ha dialogado con diputados, pero si bien había una iniciativa para aumentar los gravámenes a los más acaudalados del país, esta se quedó en la congeladora ante el cambio de legislatura.
Acotó que la propuesta de Alianza contra la Desigualdad busca sólo aumentar los impuestos a 15 familias mexicanas, es decir, no es un aumento para toda la población.
Apuntó que aumentar impuestos para familias que tienen una riqueza de 10 mil millones de dólares y 5 por ciento para fortunas de más de 15 mil millones de dólares generaría una recaudación equivalente para mantener a 2 millones de familias al año.
Acotó que si bien la recaudación que se generaría no es suficiente para cubrir necesidades en salud o educación, sí es el primer paso para la redistribución.
“Es importante que nos amparemos en el derecho internacional de los derechos humanos para poder reclamar que esta deuda sea cancelada, dado que en su mayoría viene desde una historia colonial ilegítima. Vinieron a saquear nuestros territorios, se llevaron los recursos y hoy en día nos cobran a nosotros una deuda para poder existir como un estado nación”, señaló Arévalo.
