San Salvador. "No me van a callar", gritó este miércoles la abogada Ruth López, activista de derechos humanos arrestada hace dos semanas en El Salvador, al entrar a una audiencia judicial acusada de corrupción, en un caso que organismos humanitarios consideran una estrategia del gobierno de Nayib Bukele para silenciarlos.

López, de 47 años, es una reconocida abogada de la ONG de derechos humanos Cristosal que indagaba supuestos casos de corrupción del gobierno, asistía a víctimas de la política de seguridad de Bukele y a familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador.

"No me van a callar, un juicio público quiero (...) la gente merece saber. El que nada debe nada teme", afirmó López, en medio de una nube de periodistas y custodiada por seis policías, en las puertas del Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador.

"¡Dios y la verdad están conmigo!", agregó la abogada, quien aseguró que las autoridades pretendían que acudiera a la audiencia de "traje" en lugar de la camiseta blanca que vestía. Llevaba una biblia en la mano.

Su caso fue declarado bajo "reserva total" por las autoridades judiciales.

"¿A qué le temen? A haber hecho una acusación infundada (...) le temen a lo que la imputada ha venido trabajando y diciendo en su quehacer profesional", declaró a la prensa el defensor Pedro Cruz, poco antes del inicio de la audiencia que definirá si es dejada en libertad o seguirá detenida.

Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW), aseguró en la red social X que si el gobierno tuviera "algún argumento" pediría "que se levante la reserva del caso".

La fiscalía asegura que López habría cometido "peculado" cuando fue asesora hace una década del entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, detenido en febrero acusado de enriquecimiento ilícito. Este cargo podría añadírsele a López.

Pero organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales como Amnistía Internacional y HRW, denuncian una "escalada de persecución" contra los activistas que denuncian "corrupción" y "violaciones" de libertades en el gobierno de Bukele.

"Está fuerte"

Cruz comentó que, por estar detenida, López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, tiene "estrés" y está "profundamente consternada". Pero "está fuerte", agregó.

"En esas condiciones cualquier persona está desmotivada en su salud, al mismo tiempo se encuentra fortalecida, segura de su inocencia y espera que brille la justicia en este caso", señaló el abogado.

Sin mencionarla, en su discurso por el primer año de su segundo mandato de gobierno, Bukele arremetió el domingo contra las ONG y justificó los recientes arrestos de activistas de derechos humanos.

"Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen (...). No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad", ironizó.

Al asegurar que lo tiene "sin cuidado" que lo llamen "dictador, Bukele, que gobierna con poder casi absoluto y goza de enorme popularidad por su guerra antipandillas, acusó a las ONG y a la prensa de activismo político y de orquestar un "ataque" en su contra.

Bukele redujo la violencia en El Salvador a mínimos históricos con un régimen de excepción, vigente desde hace tres años, fuertemente criticado por grupos humanitarios pues permite arrestos sin orden judicial y mantiene a los detenidos totalmente incomunicados.

Organismos de derechos humanos aseguran que el presidente usa el régimen de excepción para frenar su trabajo. La detención de López "marca un punto de quiebre en la represión del gobierno de Bukele", aseguró HRW.

A inicios de mayo también fue detenido un abogado ambientalista y un pastor evangélico por apoyar una protesta de familias campesinas y en febrero Fidel Zavala, activista de derechos humanos, acusado de nexos con las pandillas.

Tras el arresto de López, el gobierno adoptó una ley de "agentes extranjeros similar a la de Rusia y Nicaragua, que obliga a las ONG a pagar un impuesto del 30 por ciento de los fondos que reciban.