No estaba en los objetivos iniciales del programa de la 4T. 

AMLO propuso “un cambio de régimen”, pero durante su campaña política y durante su gobierno, nadie intentó clarificar el sentido que el dirigente atribuía a esa expresión.

Muchas decisiones políticas y económicas durante el gobierno de AMLO debieron tomarse así, sin anticipar las líneas concretas de la decisión o del programa específico que habría de ponerse en marcha.

En todo momento la oposición se sintió aturdida: ¿por dónde iban a resonar los truenos?

El cambio de régimen ha sido una suma de múltiples mudanzas, pero la transformación más profunda y decisiva es la reforma, sin vuelta atrás, del Poder Judicial. Lo fundamental está hecho: la reforma constitucional de ese poder. El régimen político del Estado mexicano ha cambiado para siempre, es decir, para un plazo indeterminado. Viene la larga marcha para la construcción de un nuevo Poder Judicial.

La reforma fue presentada por AMLO el 5 fe febrero (fecha emblemática) de 2024, un año exacto después del inicio de la guerra de Norma Piña contra el Presidente, en Querétaro, el 5 de febrero de 2023. Esa guerra fue un magnífico error para la República. Siempre lo recordaremos: el 4 de septiembre de 2024 la Cámara de Diputados aprueba la reforma constitucional del Poder Judicial; el 11 de septiembre aprueba la reforma la Cámara de Senadores; el 15 de septiembre, el decreto de la reforma se publica en el Diario Oficial de la Federación. Consummātum est.

Ha sido modificada la estructura y el modo de funcionamiento del Poder Judicial. El domingo elegimos a parte de los nuevos responsables de ese poder, que deberán garantizar transparencia, accesibilidad y eficiencia en la impartición de justicia. Los cambios indispensables en la selección, permanencia y remoción de los jueces, magistrados y ministros, así como la forma en que se ha administrado ese poder, son un hecho inmenso a favor de los desfavorecidos de México.

Por algún tiempo, las oposiciones –que continúan habitando el pasado neoliberal– dirán que es un fraude, o que es una decisión ilegítima, o que no sabemos lo que hicimos. Pueden decir misa. La reforma profunda del Poder Judicial y el cambio de régimen son hechos concluidos. Cualquiera que haya sido el tamaño de la abstención, no tiene la más mínima importancia.

La elección está fundada en derecho y, por tanto, el consenso que genera es legal. También es legítima porque la conformación de los consensos, como en toda sociedad política, posee una gran diversidad de formas y modalidades. Consenso significa consentimiento. No hay secreto: las mayorías se componen por el mayor número de votos a favor de una o unas opciones determinadas. Las minorías que pierden la elección forman parte de la decisión y del consenso construido.

Quienes deciden abstenerse concurren también a la construcción del consenso: consienten lo que la actividad electiva ha decidido. No hay modo de no existir en el universo de los ciudadanos.

Las derechas que clamorosamente llamaron a no votar para deslegitimar la elección se equivocaron de medio a medio: llamaron a construir el consenso y sumarse así a lo decidido. Han actuado contra la República, inútilmente, soliviantados por los gringos. Así que impasibles e imperturbables oiremos sus ruidosos berrinches.

El pasado 30 de mayo un articulejo del consejo de redacción de The Washington Post hizo su lista de los “autoritarios”: Erdogan, de Turquía; Duterte, de Filipinas; Emmerson Mnangagwa, de Zimbabue; Victor Orban, de Hungría; los presidentes de El Salvador, Bolivia y Nicaragua. Extrañamente se le escaparon Cuba y Venezuela.

El gobierno mexicano ha sido añadido a la lista por haber democratizado la conformación del Poder Judicial.

El Post escribió: “Votar por los jueces no hará mucho para resolver los cuellos de botella. Lo que sí hará es eliminar el único control que queda[ba] en México sobre el Poder del Ejecutivo. A lo largo de los seis años de presidencia de López Obrador, los tribunales demostraron ser capaces de interponerse en su camino, derribando una variedad de iniciativas presidenciales... Para Estados Unidos, esta situación debería ser algo más que una preocupación académica”, dice con azoro torpe el afamado Post. Agrega una larga lista de las amenazas que cree se ciernen sobre los mexicanos y sobre los extranjeros. Sin molestarse en enterarse de nada, ni de la reforma, ni de las leyes, ni del comportamiento reciente y lejano de los jueces y de los ministros, señala: “La perspectiva de un Poder Judicial en deuda con el gobierno puede frenar el crecimiento económico de México al mantener a raya a los inversores extranjeros”. Los gringos porque son gringos gruñen desde la ignorancia supina y nada los mueve ni los conmueve: nada de enterarse y entender. Acaso les preocupa que no tendrán a su servicio a los jueces mexicanos.

“Frenar el crecimiento económico”: un error craso. El mundo tiene puesto freno al crecimiento hace décadas, sin ninguna reforma del Poder Judicial.