Ciudad de México. Tras ser liberado el jueves pasado, Lorenzo Magaña Pérez, integrante del ejido Buenavista, en Tabasco, aseguró que fue detenido de manera injusta, arbitraria y con violencia tres días antes por agentes de la Fiscalía General estatal, luego de que la cementera Holcim lo acusó vandalismo, pandillerismo y extorsión por exigir el pago de promesas a 89 miembros de esta comunidad ante el despojo de mil 328 hectáreas desde 1979 a través de un decreto expropiatorio.
Magaña relató en entrevista con La Jornada que al momento de su detención los agentes no le presentaron ningún tipo de orden y simplemente fue encañonado con un arma para ser aprendido por los elementos de la fiscalía pese a tener una de sus piernas mal y perdió la vista de un ojo. Aseguró que fue puesto en libertad porque las autoridades no pudieron comprobar las acusaciones que supuestamente la empresa le acusa.
Aseguró que también existen órdenes de aprehensión en contra de los ejidatarios en pie de lucha, entre ellos Esteban Magaña Hernández, Silverio Pérez Torres, Policarpo Ramírez, Emilio Velázquez González, Francisco Magaña García, José Manuel Magaña Pérez, Anastasio Gómez Alejo, Guadalupe Morales, Javier Cruz Ramírez, Alfonso López Morales, Mateo López López, y Marco Antonio Solís.
En estos 45 años de afectaciones, el dirigente agrario resaltó que más de 800 personas han muerto por el impacto ambiental que ha producido la cementera en el ejido, ya que la zona de extracción está a 200 o 300 metros de la comunidad, fijada en el municipio de Macuspana. Por ello, urgió la intervención de las autoridades federales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para atender el caso.
Acusó que la compañía no ha cumplido compromisos que hizo desde la expropiación de sus terrenos, entre los que destacan ocupar por un periodo de cinco años, después de haber firmado el documento, las mil 325 hectáreas estipuladas, y no utilizó 800, además de otorgar plazas a los expropiados afectados. Señaló que también acordó la construcción de infraestructura en el municipio, como un corredor turístico, unidades ganaderas, tiendas, clínicas, gasolineras o centros de capacitación.
Señaló que el pasado 20 de mayo fueron atendidos por personal de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría Agraria para solicitar la nulidad absoluta del decreto ante los incumplimientos en Holcim. Adelantó que el próximo día 11 sostendrá nuevas reuniones para dar seguimiento al caso.
