Ciudad de México. La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) llevó a cabo la Asamblea Ordinaria en Quito, Ecuador, donde aprobó por unanimidad la admisión de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) como miembro pleno, “en reconocimiento a la realidad adversa que enfrentan los juzgadores mexicanos, quienes han visto vulnerada su independencia judicial, sus derechos y los principios consagrados en las convenciones internacionales, como consecuencia de la reforma judicial y del proceso de elección judicial impulsado por el actual gobierno”.

En un comunicado, la Jufed señaló que la FLAM, en su más reciente pronunciamiento, expresó su profunda preocupación por las reformas promovidas en México que amenazan la independencia judicial y que la elección popular de jueces y magistrados, así como la intención de desmantelar el actual sistema judicial, representan una “grave regresión democrática y una afrenta directa a los estándares internacionales que protegen a la judicatura frente a interferencias políticas”.

Apuntó que la incorporación de la Jufed a la FLAM representa un respaldo significativo a su labor de denuncia y defensa en diversos foros internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU donde han expuesto las implicaciones negativas de las reformas en curso. 

La directora nacional de Jufed, Juana Fuentes Velázquez, quien asistió a la asamblea, informó que la admisión de la organización no es solo un acto de solidaridad internacional, “sino también un reconocimiento al esfuerzo incansable que hemos realizado por visibilizar ante el mundo los atropellos contra la independencia judicial en México”. Reiteró que el primero de junio, día de la elección judicial, “los mexicanos iniciarán la pérdida de la defensa de los derechos humanos bajo un régimen autoritario”. 

La Jufed añadió que el reconocimiento internacional, no solo valida su compromiso con la defensa de la independencia judicial en México, sino que también visibiliza ante la comunidad jurídica internacional los desafíos que enfrenta la independencia judicial, la anulación del contrapeso de poderes y el sometimiento del Poder Judicial a intereses políticos, “lo que sin duda vulnera los derechos fundamentales de los mexicanos”.