Cuernavaca, Mor. El ex alcalde de Tlalnepantla, Morelos, Ángel “N”, del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada. 

Junto con la ex autoridad municipal, fue también vinculada a proceso Arlette “N” su coordinadora contable que, según la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), era la recaudadora del dinero. Ambos enfrentan su proceso penal en libertad.

La audiencia de vinculación se registró el pasado 19 de mayo en la ciudad judicial de Cuautla, y en esta la jueza de control que la llevó determinó que “había elementos suficientes para procesar a Ángel “N” y a Arlette “N”, quien también fue vinculada por su papel en la recaudación del dinero”. 

El ex alcalde fue electo presidente de ese municipio en 2021, por el partido RSP, y después de eso, según la investigación de la fiscalía anticorrupción, “presuntamente exigió pagos indebidos a elementos de Seguridad Pública, regidores y empleados del ayuntamiento, a cambio de conservar sus puestos.

Incluso habría solicitado dinero a personas interesadas en ser contratadas dentro de la administración pública municipal”.

 En la audiencia de vinculación, según la información proporcionada por la fiscalía, se detalló un encuentro del alcalde Ángel "N", el 5 de noviembre de 2021, en un inmueble del Barrio de San Felipe, “donde el entonces alcalde electo, acompañado de Arlette “N” —designada como coordinadora contable—, habría exigido a elementos de Seguridad Pública el pago de 3 mil pesos para no perder sus empleos, con plazo hasta diciembre de ese mismo año para entregar el dinero”.

“Días después, el 6 de noviembre, Ángel “N” encabezó otra reunión con aproximadamente 40 personas que lo habían apoyado durante su campaña. En esa ocasión, según los testimonios recabados por la fiscalía, solicitó 5 mil pesos a cada uno para ser incluidos en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal”, detalló la fiscalía anticorrupción de Morelos. 

Las medidas cautelares dictadas fueron: “firma periódica mensual, prohibición de salir del país, no acercarse a testigos y no ingresar a instalaciones de Seguridad Pública”.