El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, expuso que la deportación desde los Estados Unidos de un elevado número de nacionales de terceros países, especialmente a naciones distintas de los de su origen, plantea una serie de preocupaciones en materia de derechos humanos. 

Por ello, instó al gobierno estadunidense a que adopte las medidas necesarias “para garantizar el debido proceso, dar efecto rápido y pleno a las decisiones de sus tribunales, salvaguardar los derechos de los niños y poner fin a la expulsión de cualquier persona a cualquier país en el que exista un riesgo real de tortura u otro daño irreparable”. 

En un comunicado, la ONU-DH indicó que según datos oficiales estadunidenses, entre el 20 de enero y el 29 de abril de 2025, 142 mil personas fueron deportadas desde Estados Unidos. 

“En particular, la suerte y el paradero de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños expulsados a El Salvador siguen sin esclarecerse”, afirmó. 

Indicó que muchos de ellos fueron deportados en virtud del Alien Enemies Act (Ley de Enemigos Extranjeros) como presuntos miembros de grupos criminales específicos. Están presuntamente detenidos en el centro de máxima seguridad “Centro de Confinamiento del Terrorismo” (CECOT) en El Salvador, “un lugar donde los detenidos reciben un trato particularmente duro, sin acceso a representación legal o a sus familiares y sin otro contacto con el mundo exterior”.   

Refirió que ha obtenido información, a través de familiares y abogados, sobre más de 100 venezolanos que estarían detenidos en el CECOT. 

“Esta información indica que muchos de los detenidos no fueron informados de la intención del Gobierno de Estados Unidos de deportarlos para ser detenidos en un tercer país, que muchos no tuvieron acceso a un abogado y que no pudieron recurrir la legalidad de su deportación antes de ser expulsados de Estados Unidos”, detalló.

Al respecto, Türk expuso que esta situación es altamente preocupante en cuanto a una amplia gama de derechos que son fundamentales tanto en virtud del derecho estadunidense como del derecho internacional: los derechos a las garantías procesales, a la protección frente a la detención arbitraria, a la igualdad ante la ley, a la protección contra la tortura u otro daño irreparable en otros Estados, y a un recurso efectivo”.

La ONU-DH señaló que hasta la fecha, ni las autoridades estadunidenses ni las salvadoreñas han publicado listas oficiales de los detenidos, y su situación legal en El Salvador sigue sin estar clara. 

Muchos de los familiares entrevistados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, agregó, expresaron su profunda angustia por no saber dónde y en qué circunstancias están detenidos sus seres queridos. 

Algunos, expuso, solamente se enteraron cuando reconocieron a sus familiares en vídeos publicados en redes sociales en los que aparecían en el CECOT o siendo trasladados hacia este centro. Según la información recibida, las personas trasladadas de Estados Unidos a El Salvador no han podido hasta ahora ejercer efectivamente su derecho a recurrir su detención en ese centro. 

“Las familias con las que hemos hablado han expresado una sensación de total impotencia ante lo ocurrido y su dolor al ver a sus familiares calificados y tratados como delincuentes violentos, incluso terroristas, sin que ningún tribunal haya dictaminado la validez de lo que se afirma contra ellos», dijo el Alto Comisionado.

“La forma en que algunos fueron detenidos y deportados, incluso encadenados, así como la retórica degradante contra las personas migrantes, también ha sido extremadamente preocupante”, agregó.