La Haya. Estados Unidos expresó este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) "serias dudas" sobre la imparcialidad de la agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa), durante audiencias sobre las obligaciones humanitarias de Israel hacia los palestinos.
"La imparcialidad de la Unrwa genera serias dudas debido a informaciones según las cuales Hamas habría utilizado sus instalaciones y que parte de su personal habría participado en el atentado terrorista del 7 de octubre contra Israel", declaró Josh Simmons, del equipo jurídico del Departamento de Estado.
La CIJ, con sede en La Haya, inició el lunes una semana de audiencias, más de 50 días después de la imposición de un bloqueo total a la ayuda que entra en la franja de Gaza.
Israel, que no participa en estas audiencias, denunció el lunes una "persecución sistemática" por parte de la CIJ.
Simmons afirmó ante los jueces que Israel tiene "muchas razones" para cuestionar la imparcialidad de la Unrwa.
"Está claro que Israel no tiene ninguna obligación de permitir que la Unrwa proporcione asistencia humanitaria", añadió.
Israel promulgó una ley que prohíbe a la Unrwa operar en su territorio, tras acusar a algunos de sus empleados de haber participado en los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023, que desencadenaron el conflicto.
Una serie de investigaciones, entre ellas una liderada por la ex ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, reveló "problemas de neutralidad" en la Unrwa, aunque subrayó que Israel no aportó pruebas de su principal acusación.
Philippe Lazzarini, director de la Unrwa, declaró el martes que más de 50 miembros de su personal en Gaza fueron maltratados y utilizados como escudos humanos mientras estaban detenidos por el ejército israelí.
Durante su intervención ante la Corte, Diego Colas, representante de Francia, pidió a Israel que levante "sin demora" su bloqueo a la ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza.
"Todos los puntos de paso deben abrirse, debe facilitarse el trabajo de los actores humanitarios y el personal debe ser protegido conforme al derecho internacional", sostuvo.
Consecuencias mortales
Israel controla todos los flujos de ayuda internacional, vital para los 2.4 millones de palestinos de la franja de Gaza, quienes enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes. Dichos flujos fueron interrumpidos el 2 de marzo, pocos días antes del colapso de una frágil tregua, tras 15 meses de combates incesantes.
"La prohibición total de la ayuda y los suministros humanitarios decretada por las autoridades israelíes desde el 2 de marzo tiene consecuencias mortales para los civiles de Gaza", declaró en un comunicado Claire Nicolet, responsable de respuesta de emergencia de la ONG Médicos Sin Fronteras en Gaza.
"Las autoridades israelíes están utilizando la ayuda no sólo como moneda de cambio, sino también como arma de guerra y medio de castigo colectivo contra más de 2 millones de personas que viven en la franja de Gaza", añadió.
En diciembre la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución solicitando a la CIJ que emitiera con carácter prioritario y urgente un dictamen consultivo.
La resolución pide a la CIJ que aclare las obligaciones de Israel respecto a la presencia de la ONU, sus agencias, organizaciones internacionales o Estados terceros para "garantizar y facilitar el suministro sin obstáculos de productos esenciales urgentes para la supervivencia de la población civil palestina".
Los dictámenes consultivos de la CIJ no son jurídicamente vinculantes, pero éste en particular podría aumentar la presión diplomática sobre Israel.
En julio pasado la CIJ también emitió un dictamen en el que consideraba "ilegal" la ocupación israelí de los territorios palestinos, exigiendo que cese lo antes posible.
