Ciudad de México. En el contexto del Día Mundial de la Madre Tierra, más de 20 organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos exigieron este martes en un comunicado alto a la criminalización de 24 integrantes de las comunidades Ayuujk y Binizaa, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por rechazar la ampliación del ferrocarril del Corredor Interoceánico. 

José Alberto Cayetano Matus, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, señaló, al leer el texto, que en el caso de la comunidad de Mogoñé Viejo, municipio San Juan Guichicovi, 16 mujeres y hombres indígenas son acusadas del delito de ataques a las vías de comunicación por evitar con un plantón en 2019 la construcción del tren en sus territorios. 

Frente a las instalaciones del Museo Nacional de Antropología e Historia, Cayetano apuntó que otras ocho personas de Rincón Viejo, municipio Petapa, enfrentan procesos penales por el delito de invasión de Derechos de Vía. El defensor, víctima en el caso, destacó que la acusación se presenta como una represalia a su negativa de desalojar sus viviendas, tras oponerse a aceptar un pago único que no compensa de manera justa el valor de su patrimonio. 

Al dar lectura al documento, Juana Ramírez Villegaz, otra de las acusadas e integrante de la unión, destacó que el informe emitido hace dos años por la Misión Civil de Observación, creada por varias organizaciones nacionales e internacionales en 2022, destaca la gravedad de las agresiones perpetradas por funcionarios de los diferentes niveles de gobierno. 

Entre ellas, según el comunicado, figura el uso del poder punitivo del Estado a través de la apertura de carpetas de investigación en contra de al menos 55 personas defensoras de los territorios en la región del Istmo. 

Las comunidades y organizaciones también apuntaron que ninguna de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, orientadas a mitigar los impactos ambientales del Corredor Interoceánico, han sido acatadas por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y las empresas que han estado involucradas en las diferentes obras, subrayó Ramírez. 

Las agrupaciones firmantes solicitaron a las autoridades federales establecer una mesa de diálogo e intervenir para detener la criminalización, desistir de las acciones penales e imputaciones contra sus miembros y reforzar y actualizar las medidas de protección otorgadas a quienes forman parte de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec. 

Silvia Ruiz, integrante de la organización Artículo 19, uno de los signatarios, resaltó que los 24 “defensores legítimos de la tierra, el agua y la vida” enfrentan acusaciones penales simplemente por proteger su territorio frente al avance de un megaproyecto impuesto. “Lo que debería de ser un derecho: defender un territorio, exigir información o participar en las decisiones que afectan en sus vidas, han sido convertido en un delito.