Madrid. Salomé Pradas era la consejera de Interior del gobierno valenciano durante las trágicas lluvias torrenciales de octubre pasado, que dejaron un saldo de 235 personas fallecidas en España, de las cuales 227 se registraron en la Comunidad Valenciana. Pradas compareció ante la juez que investiga los hechos y fue recibida por víctimas y familiares con gritos de “asesina” y “nuestros familiares han muerto por su incompetencia”.
Pradas, que hasta ahora es la única funcionaria valenciana que ha dimitido de su cargo tras los hechos, reconoció ante la magistrada que ella asumió que los expertos en este tipo de emergencias fueran los responsables de dar las directrices para responder a la tragedia, en alusión a los técnicos de la sala del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), a la que pertenecen distintos estamentos municipales, autonómicos y del gobierno central. En su declaración además señaló que “durante toda la tarde del 29 de octubre no se habló del barranco del Poyo en el Cecopi y en ningún momento avisaron de que se iba a desbordar” y que fue el desbordamiento que provocó la mayor parte de los fallecidos.
La ex consejera, que en algún momento de su declaración rompió a llorar, aseguró que “hacer frente a la emergencia del calibre al que nos enfrentábamos no dependía de una simple decisión de una persona. No se tenía la información necesaria porque se desconocía el desbordamiento del barranco del Poyo, por lo que no hubo retraso. Cuando se propuso, se hizo, aunque el trámite tardara”. Y, para diluir responsabilidades, la ex consejera responsabilizó a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del gobierno central, el no haber vigilado con celo la crecida de los caudales de agua.
También compareció ante la juez el secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Emilio Argüeso, quien defendió que todas las decisiones que adoptaron durante los momentos más críticos de la DANA se tomaron en coordinación con el Cecopi y con el resto de las las instituciones.
