La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y candidata a repetir en el cargo, Loretta Ortiz Ahlf, impugnó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe la difusión del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial, al que calificó de “ridículo” con restricciones “irrazonables”, pues señaló que al ser un proceso histórico “se le debe dar una difusión amplia, robusta y plural”. 

La togada presentó la impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ayer 31 de marzo por la noche, en calidad de candidata a ministra de la SCJN en la elección que será celebrada el 1 de junio próximo. 

“Promuevo juicio electoral en contra del ‘Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los criterios que garantizan la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y veda electoral para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025”, señala en el oficio dirigido a los magistrados. 

Por otra parte, en un comunicado de este martes, la candidata también señaló que el acuerdo, “al estar frente a un proceso de esta naturaleza y por tratarse de un mecanismo de elección nunca antes implementado para la renovación del Poder Judicial, resulta contraproducente y hasta ridículo que su difusión quede limitada exclusivamente al INE”. 

En su opinión, señaló que al ser un proceso extraordinario se justifica que diversas instituciones públicas contribuyan en su difusión, pues “el conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía”. 

Asimismo, sostuvo que la restricción es “irrazonable” dado que los propios Poderes de la Unión han participado activamente en etapas previas de este proceso para seleccionar candidatos. 

“En un sistema democrático lo más congruente sería que apegados a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad pudieran informar a la ciudadanía sobre las características, etapas y particularidades de la elección”, explicó. 

También advirtió que esta restricción generaría, además, situaciones jurídicamente inaceptables como impedir que las universidades públicas, en ejercicio de su autonomía y función académica, realicen foros informativos neutros sobre el proceso electoral judicial y las candidaturas; o que las propias instituciones judiciales federales y locales informen a la ciudadanía sobre la importancia de su participación en la elección, entre otros. 

“Están privando a la ciudadanía de fuentes confiables, que les hablen sobre la estructura de las boletas, los criterios de votación, sobre las fechas clave del proceso y sobre todo de las funciones de los cargos judiciales sujetos a elección”, denunció la Dra. Loretta Ortiz.