Los diputados de Morena Víctor Romo, Paulo García y Cecilia Vadillo interpusieron una denuncia en contra del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, por corrupción, desvío de recursos, peculado y daño al erario por 92 millones de pesos.
La mañana de ayer, los legisladores acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para llevar pruebas de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el presupuesto que recibió el titular de esa demarcación, entre las cuales destacan la simulación de licitaciones y la ausencia de padrones de beneficiarios de los programas sociales.
Romo señaló que la ASF fiscalizó el uso de las participaciones federales asignadas a la alcaldía Miguel Hidalgo en 2023 y encontró un posible daño al erario por más de 70 millones de pesos en ese año y por 22 millones en 2022.
La auditoría abarcó una muestra de 181.3 millones de pesos, incluyendo 18 contratos de adquisiciones y obra pública.
Vadillo precisó que entre los hallazgos más graves se encuentran la contratación de empresas sancionadas, la falta de documentación en contratos, la simulación de licitaciones y la ausencia de padrones de beneficiarios en programas sociales como Manos a la Olla.
Además, se evidenció la falta de actas de fallo, dictámenes técnicos y constancias fiscales en proyectos de obra pública, lo que confirma un patrón sistemático de corrupción y mala gestión.
Ante eso, denunciamos formalmente por los delitos de corrupción, desvío de recursos, peculado y daño a la hacienda pública.
García lamentó la manera en que el alcalde panista ha manejado los recursos afectando directamente a los ciudadanos de Miguel Hidalgo.
Lo que caracteriza a los gobiernos de Acción Nacional es la concepción patrimonialista del poder y el uso del servicio público para fines distintos a los de beneficiar a la gente.
Al respecto, Tabe afirmó que dichos señalamientos quedaron solventados el año pasado.
Los legisladores exigieron una investigación exhaustiva y la aplicación de sanciones a los responsables, así como la intervención de la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción para garantizar que estos delitos no queden impunes.
