Ciudad de México. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, negó haber condicionado a comerciantes de la demarcación para asistir a la marcha de la llamada Generación Z. En conferencia de prensa, afirmó: “Nunca he obligado, ni obligaré a nadie a asistir a una manifestación” y agregó que su relación con los mercados y los comercios “es de respeto” y “siempre dentro de la ley”.

Ante el presunto caso de presión al comercio en vía pública, que llevó a legisladores de Morena a abrir una indagatoria, afirmó que el video difundido en redes sociales fue “producido sin nombre, sin datos y sin verificaciones” y que no se tienen registros del comerciante en la Lagunilla. La alcaldesa también descalificó a la diputada Diana Sánchez Barrios, quien ha pedido investigarla, y aseguró que el gobierno federal “criminaliza la protesta” y utiliza instituciones para perseguir a la oposición.

La funcionaria atribuyó la movilización a un hartazgo juvenil frente al abandono, la inseguridad y la falta de oportunidades y acusó que decenas de cuentas en redes sociales vinculadas a Morena difundieron el video “sin pruebas” para responsabilizarla de convocar a la protesta. “Me señalaron a mí, entre muchas otras personas, de estar detrás de estas manifestaciones, de financiar y de provocar”, apuntó.

En contraste con la postura de la jefa de Gobierno, Clara Brugada –quien negó una orden de represión durante la manifestación–, Rojo de la Vega acusó sobre un “uso excesivo, brutal y desproporcionado de la fuerza” pública en el Zócalo y sostuvo que hubo más de 40 detenciones sin datos ingresados al Registro Nacional de Detenciones. Informó que “no existió folio porque el sitio web se cayó”, lo que impidió ubicar a los detenidos, conocer los motivos de su arresto o qué cargos les imputaron, “no se tuvo un debido proceso”, dijo.

Refirió que en el Juzgado Cívico “se tuvieron 122 detenciones por armas o sustancias peligrosas; en el Ministerio Público hubo 16 detenciones, un menor fue liberado y los otros 15 fueron trasladados al reclusorio”. Agregó, existen dos carpetas de investigación, “siete masculinos por lesiones, seis masculinos y dos femeninas por tentativas de homicidio”.

A su vez, criticó la falta de una comitiva de Derechos Humanos acompañando a las familias y denunció presuntas torturas hacia grupos de estudiantes, aunque no presentó evidencias más allá de referir testimonios de familiares que, dijo, pidieron no hacer públicas sus identidades para evitar represalias hacia los 15 detenidos que fueron trasladados al reclusorio norte.