Ciudad de México. A casi un mes de la muerte de Pablo Ríos Buenrostro, tras estallar una mina terrestre en una huerta de limones en Buenavista, Michoacán, su madre Mayra Alejandra aseveró que no hay avance en las investigaciones y reiteró su exigencia de que sean retirados los explosivos colocados por integrantes del crimen organizado en diversas zonas de esa entidad. Indicó que por esta situación no ha podido recuperar todos los restos del cuerpo de su hijo, ya que hay temor de que nuevamente estalle una mina.

Mayra Alejandra acudió esta mañana a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en la capital del país, para solicitar su apoyo en el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, ya que teme por su vida.

“Tengo miedo de que algo me pase porque yo no me quede callada. Yo hablé sobre la forma en cómo murió mi niño. Yo no sabía que había minas ni mi niño… Yo lo supe hasta que me dijeron de su muerte, lo que le pasó”, expresó.

Recordó que Pablo, de 15 años de edad, desde muy pequeño empezó a trabajar como jornalero agrícola, al igual que ella. Él “desde chiquito iba conmigo a trabajar, y si no íbamos a cortar limón, él me iba a acompañar a hacer limpieza a las casas, o se ponía a vender pan en Apatzingán”

Mayra Alejandra pidió a las autoridades "que se pongan a trabajar. Más que nada que se enfoquen a quitar las minas para que ya no haya más muertes. Yo sé que en Michoacán van niños más chiquitos a trabajar, los llevan sus mamás porque no tienen con quien dejarlos, van hasta de tres años y hasta más chiquitos. Ellos no se ponen a cortar limón, andan entre las huertas jugando, para arriba y para abajo, y, Dios no quiera, lleguen a pisar una mina”. 

Expuso que en las comunidades michoacanas las minas terrestres han generado “terror y miedo. Los cortadores no sabemos más que trabajar en el campo, y si no trabajamos en el campo la verdad es que no vamos a comer”.

Sobre la solicitud de asilo en Estados Unidos, Guillermo Valencia, diputado local y dirigente estatal del PRI en Michoacán, quien acompaña a la familia de Pablo, explicó que acudieron a la ONU-DH porque en la embajada de ese país no hubo avance.

Sin embargo, dado que desde el viernes pasado el acceso a las oficinas de la ONU-DH está bloqueado por manifestantes que piden justicia por un caso de agresión sexual, no lograron entregar el documento y comentaron que acudirían ante la Agencia de la ONU para los Refugiados.