Ciudad de México. A tres años del asesinato de Ángel Manuel Moreno, un niño de 14 años con discapacidad, quien estaba bajo la custodia del DIF Nuevo León, Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe demandó justicia.

La ONG exigió que “todos los responsables –desde los agresores directos hasta quienes encubrieron el crimen de Estado– sean investigados y castigados conforme a derecho y reparación integral para la hermana del adolescente.

Asímismo, “que el Estado reconozca su responsabilidad y garantice una reparación que contemple medidas de compensación, memoria y no repetición”, se emprendan “reformas urgentes al sistema de protección infantil”, monitoreo independiente de los centros del DIF y el fortalecimiento de la atención con un enfoque de derechos humanos.”

Recordó que fue el 9 de febrero cuando ocurrió el crimen, sin embargo fue el 16 de febrero cuando se conoció del hecho y expuso que la petición de justicia para Angel en change.org cuenta con casi 31 mil firmas.

Tejiendo Redes Infancia, detalló que Ángel fue institucionalizado a los cuatro años junto con su hermana mayor. “Pasó su infancia en un sistema de protección que, lejos de garantizarle el derecho a vivir en familia, lo expuso a un ciclo de violencia, desatención y abandono. En sus últimos meses, Ángel enfrentó múltiples diagnósticos de salud mental y física, incluyendo trastorno de estrés postraumático y crisis epilépticas, sin recibir el tratamiento especializado que requería.”

En noviembre del 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitió medidas cautelares para protegerlo, “pero el castigo de las autoridades se incrementó hasta que resultó fatal.”

El 9 de febrero de 2022, Ángel fue golpeado por un enfermero en las instalaciones del DIF y las investigaciones de la Fiscalía sugieren que “murió por las lesiones y negación de atención médica, tras un brutal impacto en el abdomen”.

Por lo anterior, “su muerte no fue un accidente, sino la consecuencia de una cadena de violaciones a sus derechos humanos y de una cultura institucional de impunidad” y la respuesta de las autoridades no fue la búsqueda de justicia, sino el “encubrimiento: evidencias borradas, cremación ilegal del cuerpo y la protección de funcionarios de alto nivel.”

Acotó que a pesar de la recomendación 001VG/2023 de la CEDHNL, que exigía medidas de reparación y garantías de no repetición, el gobierno de Nuevo León “inició una persecución política contra la Ombudsperson y ha ignorado los llamados a la rendición de cuentas.”

Afirmó que “Ángel Moreno no es un caso aislado, es el reflejo de un sistema que castiga la pobreza con encierro, que trata a la niñez sin cuidados parentales como objetos y que normaliza la violencia institucional. Su nombre no será olvidado. Seguiremos exigiendo justicia hasta que su crimen no quede impune.”