Chilpancingo, Gro. Al cumplirse cinco años de la masacre de 10 músicos ocurrida en la comunidad nahua de Mexcalcingo, municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Alta de Guerrero, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), demandó justicia al gobierno.
En comunicado de prensa difundido este día, el CIPOG-EZ recordó que “fueron brutalmente asesinados, torturados y calcinados por el grupo narco-paramilitar Los Ardillos. Ellos se dirigían a la comunidad de Alcozacán para tocar en Tlayelpan, como parte del grupo musical “Sensación”. Entre las víctimas, se encontraba un menor de apenas 15 años”.
Esta masacre “no fue un hecho aislado, sino parte de una historia de violencia y exterminio sistemático que nuestros pueblos indígenas de Guerrero han sufrido a manos de estos grupos narco-paramilitares que están coludidos y protegidos por los presidentes municipales de Quechultenango, Colotlipa, Tixtla, Chilpancingo, Tierra Colorada, Chilapa de Alvarez, Atlixtac, Zitlala, Acatepec, Ayutla de Los Libres, Tecoanapa y que tienen controlados los policías municipales, ministeriales, estatales, Ejército, Marina y Guardia Nacional, así como funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, cual sea el color del partido”.
Cinco años después “seguimos sin justicia; la fiscalía no ha investigado adecuadamente este crimen ni ha detenido a los responsables, a pesar de que conocen sus identidades y los lugares en los que viven y operan”.
La violencia continúa imparable en nuestra región: “balaceras, emboscadas, atentados, asaltos, extorsiones, desapariciones, cobro de piso, trata de personas y tortura son una constante. Las víctimas de este terror incluyen defensores de derechos humanos, periodistas, transportistas, comerciantes, maestros, estudiantes, mujeres y niños”.
El CIPOG-EZ advirtió que “la droga ya ha invadido también las comunidades de municipios de la Montaña Alta, como Cochoapa, Metlatónoc, Tlapa y Olinalá, envenenando a nuestros hijos, mientras la ola de inseguridad sigue arrasando nuestros pueblos. En la Costa Chica, nuestros hermanos y hermanas afros e indígenas de San Luis Acatlán, Acapulco, Pinotepa Nacional y Marquelia sufren diariamente extorsiones, desapariciones, asesinatos y asaltos perpetrados por otros grupos narco-paramilitares”.
Y cuestionaron: “¿Hasta cuándo dejaremos que nuestros pueblos sigan siendo aterrorizados por la violencia y la impunidad? ¿Hasta cuándo permitiremos que las autoridades sigan ignorando nuestro sufrimiento?”.
El ataque del 17 enero de 2020 “no sólo arrebató 10 vidas, sino que dejó a ocho viudas y a 23 niños sin padres. Fue un acto diseñado para sembrar terror, para que dejáramos de organizarnos como pueblos, abandonáramos la defensa de nuestros territorios, nuestros usos y costumbres, nuestro sistema de seguridad propia, y nuestro proyecto de autonomía”.
Desde 2015, “63 de nuestros compañeros y compañeras han sido asesinados y 22 han sido desaparecidos”, concluye.
