Un juez de control de Chihuahua autorizó el cambio de medida cautelar para Daniel Goray Yosioka, empleado del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que significa que llevará su proceso en libertad. Sin embargo, el togado le impuso el pago de una garantía de un millón y medio de pesos.

Es uno de los servidores públicos federales privados de la libertad tras el siniestro el año pasado en las instalaciones del centro de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde perdieron la vida 39 migrantes y otros más resultaron lesionados.

Durante una audiencia que se llevó a cabo este jueves en el Centro de Justicia Penal con sede en Chihuahua, el impartidora de justicia cambio la prisión preventiva en acato a la protección de la justicia federal que le otorgó al ex servidor público la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Claudia López López.

En la sentencia, la juzgadora determinó que los efectos del amparo eran para que el juez de control del Centro de Justicia Federal con sede en Chihuahua dejara sin efectos la determinación donde le negaron al quejoso el cambio de medida emitida en audiencia de 29 de febrero pasado, en la causa penal 216/2023; emitir otra en la que admita la solicitud planteada y citara a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre dicha incidencia; y, una vez lo anterior, previo cumplimiento de los principios del sistema oral-acusatorio, procediera a escuchar al imputado, prescindiers de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que impuso al quejoso, y procediera al debate de imposición de diversas medidas cautelares, esto es, la que considerara razonablemente adecuada.

Daniel Goray Yosioka fue detenido por la fiscalía el 30 de marzo de 2023 junto con Collazo de la Torre y el guardia de la empresa de seguridad privada Camsa, señalados como presuntos responsables de retener a los extranjeros dentro la estancia provisional migratoria.

La noche del 27 de marzo de 2023 al iniciar el siniestro en el que murieron 40 migrantes y otros 27 resultaron heridos, Collazo de la Torre no estaba en el puente internacional Lerdo, pues llevó a dos menores de edad, hijos de extranjeros detenidos, a un albergue del Desarrollo Integral de la Familia.

Collazo de la Torre y Goray Yosioka fueron acusados por la fiscalía de homicidio y lesiones, ambos dolosos, en calidad de autores materiales por comisión y omisión.

La FGR también acusó al comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, junto con el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, pero ellos continuarán siendo investigados por las autoridades.