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Gobernadores advierten a SCJN sobre riesgos de eliminar prisión preventiva

Sede de la SCJN en imagen de archivo. Foto José Antonio López
Sede de la SCJN en imagen de archivo. Foto José Antonio López
06 de mayo de 2024 22:04

Ciudad de México. Los gobernadores de todo el país presentaron un amicus curiae (amigo de la Corte) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para advertir sobre las consecuencias que traería la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.

Los 32 mandatarios estatales coincidieron en que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa provocaría un grave impacto en la seguridad pública.

“No podemos dejar de señalar el colapso también de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todos y cada una de las solicitudes de cambios en las medidas cautelares que se tienen por prisión preventiva oficiosa”, se expuso.

Incluso solicitaron mantener la supremacía constitucional sobre cualquier norma internacional, esto por la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en la cual se condenó al Estado Mexicano, tras declarar la citada medida cautelar inconvencional.

Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores indicaron que la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados graves.

Señalan que la figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.

“Hacemos un llamado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad de nuestros gobernados”, se puntualizó.

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