Aunque al momento de escribir estas líneas no se ha dado a conocer oficialmente la iniciativa que proponga o reforme las leyes General de Aguas y de Aguas Nacionales, es necesario abordar los desafíos insoslayables para una nueva legislación hídrica.

El primer desafío es que las iniciativas partan de un sólido balance de los daños ambientales, sociales e institucionales del régimen hídrico neoliberal instituido desde 1992. Desde entonces se ha incrementado significativamente la sobrexplotación del agua subterránea en México, por tres razones principales: se multiplicaron las extracciones sin concesión o sin contrato de energía (pozos ilegales o piratas); se otorgaron concesiones estandarizándolas a 6 mil metros cúbicos por hectárea, independientemente del cultivo o región fisiográfica, y se sobreconcesionaron acuíferos autorizando extracciones por encima de su capacidad de recarga, sin medir el agua extraída anualmente por cada usuario. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) no pudo detener esta sobrexplotación, que en 2023 ascendió a 9 mil millones de metros cúbicos, porque sólo cuenta con 200 inspectores para supervisar 186 mil concesiones agrícolas, y también por la corrupción.

Un indicador de la sobrexplotación de acuíferos es el incremento de la demanda de energía para el bombeo agrícola: de 8,560 GWh en 2010 a 15,190 GWh en 2024. Esto ha hecho que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construya nuevas subestaciones y se incremente el subsidio a la tarifa eléctrica para riego agrícola (PEUA): entre 2018 y 2024 pasó de 5 mil 592 millones de pesos a 8 mil 601 millones, la mitad del presupuesto de Fertilizantes para el Bienestar, sólo que el PEUA se distribuye entre 89 mil productores, y los fertilizantes, entre más de 2 millones.

De acuerdo con la unidad de transparencia de la CFE, hay en el país por lo menos 5 mil 800 pozos agrícolas que extraen el agua ilegalmente, sin concesión ni contrato de suministro de energía. En 2024 consumieron 804 GW a un costo de mil 266 millones de pesos. La Conagua tiene la facultad de cerrarlos y sancionar a sus propietarios y operadores, pero no ha tenido dientes para ejercer esa facultad, y los acaparadores de agua flotan en la impunidad.

El manejo del agua como mercancía y el laissez faire del neoliberalismo hídrico han propiciado que 1,400,000 hectáreas de riego en México se dediquen a los forrajes o a cultivos de exportación: alfalfa, aguacate, agave, berries, nuez, mango, espárrago. El enorme volumen de agua para estos cultivos está concentrado en un puñado de agroindustriales exportadores y en cuatro grandes empresas que controlan la producción de leche en este país, además del agua que se llevan la industria cervecera y refresquera.

A pesar de que 76 por ciento del agua que se consume en México es de uso agrícola, la legislación neoliberal ha provocado la separación de las instituciones que administran el agua y las que se encargan de la producción de alimentos: divide y lucrarás. Un gran desafío para una nueva legislación es interrelacionar en la práctica el derecho humano al agua con el derecho a la alimentación. La planeación no debe ser hídrica, sino hidroagrícola, “hidroagroalimentaria”. Debe legislarse para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) intervenga en esta planeación y los estancos neoliberales se sustituyan por una interinstitucionalidad continua y efectiva.

Otro desafío para la nueva legislación son las zonas de libre alumbramiento.

Gracias a la presión de El Barzón en 2013, se estableció la veda en todas ellas y la obligación de reglamentar los acuíferos en todo el país. Pero desde 1992 sólo se han reglamentado el del Valle de Santo Domingo en Baja California Sur y el de Cuatro Ciénegas, Coahuila, de los 653 que hay en el país, mientras 267 están sobrexplotados.

Parece que la nueva legislación hídrica establecerá la obligación de los productores de riego de informar anualmente el volumen de agua que utilizaron, la superficie y cultivo que irrigaron y la producción obtenida. El desafío aquí es no dejar a la discrecionalidad del productor dicha información, sino que, cruzando los datos entre Conagua, Sader, CFE, FIRA e incluso Hacienda, se obtenga información confiable para confrontarla con la declarada por el agricultor.

Otros desafíos no menos importantes para la nueva legislación son dar mayor importancia a los sistemas comunitarios de agua potable, no como residuos que dejan los organismos operadores, las empresas y el Estado. Son los que más apoyos deben recibir: “Por el bien de todos, primero los pobres”; reconocer la personalidad de las contralorías ciudadanas del agua. Además, si el proyecto de ley afecta a los pueblos originarios, hay que llevarlo a la obligada consulta.

Deben establecerse en la ley también las fuentes y volúmenes necesarios para cubrir el derecho humano al agua de los diferentes núcleos poblacionales y, también, los volúmenes, fuentes y prelación para el suministro a los “polos de desarrollo”.

En los transitorios de la nueva legislación debería estipularse un programa inmediato de acciones para reordenamiento de concesiones, cierre de pozos ilegales, reglamentación de acuíferos y el rediseño del subsidio a la energía eléctrica de uso agrícola.

La nueva legislación debe desinstitucionalizar el neoliberalismo hídrico, no sólo parcharlo. Es condición innegociable para hacer efectivos para todas las personas los derechos humanos al agua, a la alimentación y a un medio ambiente sano.