Buenos Aires. El presidente ultraderechista, Javier Milei, quien aplica a fondo la motosierra, un símbolo de su campaña electoral, se jactó de que “echamos a 50 mil empleados públicos” y “van a caer 70 mil contratos” de burócratas, eliminó oficinas de la Administración Nacional del Seguro Social y anunció un decreto que condena a los jubilados a pensiones que no alcanzarán para cubrir sus más urgentes necesidades, a los que además cerraron los créditos, que utilizaban para pagar luz, gas y otros como los medicamentos.

En esto cumplen con lo dicho por la canciller Diana Mondino, quien sostuvo la inutilidad de darles créditos a los jubilados “que ya se van a morir”, con un desprecio absoluto, que se extiende también a todos los planes sociales.

Milei se ufanó de estar ejecutando el “mayor ajuste de la historia”, al señalar que “echamos a 50 mil empleados públicos, y no sólo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70 mil contratos” de empleados públicos e insultó a la oposición aliada, a cuyos integrantes calificó como “delincuentes” por no acompañar sus medidas.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, anunció un paro nacional para el 3 de abril y advirtió: “Mire, presidente Javier Milei, no va a poder despedir 70 mil estatales como a usted le gustaría. Hoy se multiplicaron las protestas en todo el país y la conflictividad en el Estado va a seguir en aumento".

Se comunicaron despidos en las llamadas Unidades de Atención Integral (Udai), dependencias de las Anses que atendían al público; la mayoría se cierran porque no hay quien pueda atenderlos, además que se impidió la entrada a trabajadores del ministerio de Economía, sin ningún anuncio previo de que los habían despedido.

La noche de este miércoles se notificarn cientos de despidos a trabajadores del ministerio de Economía, la secretaría del Trabajo, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el Servicio Meteorológico Nacional y la Secretaría de Educación, al comenzar a tomar forma el prometido ajuste masivo en el Estado nacional.

Los despidos y cierres de la Anses se produjeron en el Gran Buenos Aires, Mar del Plata y Chaco, entre otros, lo que significa, la indigencia para centenares. En varias provincias se quedarán sin ninguna protección social.

"Hoy, después de 18 años de venir a trabajar 8 horas de lunes a viernes, por primera vez quiero poner mi huella y no puedo ingresar. Soy una trabajadora, no me mantiene nadie, mi única fuente de trabajo es este lugar y con el gobierno de Milei quedé afuera, no entiendo por qué", dijo una trabajadora del área de Normalización Patrimonial, como registró Página/12.

Aunque había rumores negados por el gobierno sobre otra ola de despidos esto comenzó con la publicación de un verdadero manual de instrucciones para realizarlos con la mayor "eficiencia" posible.

Uno de los daños más letales es el cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, cuya desaparición anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.

Además, el gobierno dispuso que 11 mil 853 cooperativas dejen de operar, y se suspenderá el funcionamiento de todas las que fueron creadas entre 2020 y 2022.

El propio Milei desde su campaña anunció la “disolución del Estado” a pesar de que el es el jefe de ese Estado. La situación esta tan al borde del estallido que produjo una nueva advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante el, director del Hemisferio Occidental, Octavio Rodríguez Valdés, quien si bien felicitó al gobierno por el ajuste señaló que éste no debe “caer desproporcionadamente sobre las familias de la clase trabajadora ni los sectores productivos", tal como había dicho otro funcionario de ese organismo recientemente.

El gobierno negó que los ajustes afecten a los más vulnerables, y aseguró que favorece a los niños y los vulnerables, cuando son los más castigados por la política de esta administración.

Por otra parte las autoridades de la Universidad de Buenos Aires iniciaron una acción contra el congelamiento del presupuesto universitario “que pone en jaque su funcionamiento y afecta a cientos de miles de alumnos, docentes y personal general de las instituciones”.

También hubo asambleas de estudiantes en Buenos Aires y en las amenazadas universidades de todo el país.

En tanto, ante el recrudecimiento de la violencia en Rosario el papa Francisco envió un mensaje a la población lamentando “el acecho del narcotráfico en esa ciudad de la provincia de Santa Fe y llamó a “rehabilitar la política” e investigar la corrupción que permite el caos que se vive en “una sociedad que se siente amenazada”.

“Sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra Rosario”, advirtió en un video fundido por la Santa Sede haciendo un llamado a todos los sectores de la sociedad y especialmente a los privados: “Hay una gran tarea por delante en el sector empresarial, no sólo en impedir la complicidad en los negocios con las organizaciones mafiosas, sino también en su compromiso social”.

Y en una buena noticia en medio de la desolación, un tribunal de La Plata condenó a prisión perpetua a 10 ex represores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983) en una causa que ventiló más de 400 casos ocurridos en tres centros clandestinos de Buenos Aires.