Ciudad de México. Ante la omisión del legislativo para establecer la Ley General de Aguas y la crisis que afecta a todo el país, ciudadanos anunciaron el grupo promotor de la Contraloría Nacional Ciudadana Autónoma del Agua, ya que “no podemos seguir permitiendo una política permisiva de la sobreexplotación, contaminación y acaparamiento del agua”.

En conferencia de prensa, previo a la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo, dieron a conocer que hay 19 contralorías y grupos promotores, establecidos en localidades y entidades, integradas por comunidades, pueblos originarios, organizaciones sociales y ambientales, investigadores e ingenieros.

Señalaron que “es necesario construir un contrapeso contra la corrupción y el control ejercido históricamente por los grandes intereses privados sobre las instituciones a cargo del agua. Desde nuestra autonomía, nos comprometemos a trabajar propositivamente con los próximos gobiernos, y vigilar su desempeño, con el fin de reemplazar la Ley de Aguas Nacionales con una Ley General de Aguas centrada en la sustentabilidad, la equidad y la participación desde una perspectiva de derechos”.

Agregaron que también buscarán el reconocimiento de los derechos al agua de los pueblos originarios, los núcleos agrarios y los sistemas comunitarios, despojados bajo la actual ley. Poner fin a la contaminación, con atención especial a zonas kársticas y las regiones de emergencia sanitaria y ambiental.

También, dijeron, se deben eliminar las fugas del agua en las ciudades; cambiar el modelo de gestión del agua para que se base en la regeneración de las aguas pluviales y tratadas, en vez de la sobreexplotación y los trasvases, así como poner fin al sobre concesionamiento de los ríos y acuíferos, la compra-venta de concesiones, así como las extracciones ilícitas.

Precisaron que las Contralorías del Agua permiten ejercer los derechos al agua y a la participación establecidos en los Artículos 1, 2, 4 y 9 Constitucionales y en los instrumentos internacionales vinculantes, por lo que presentarán propuesta de leyes, proyectos y políticas, técnicamente fundamentadas y socialmente avaladas, así como garantizar la participación pública y efectiva en las decisiones gubernamentales sobre el agua.