Ciudad de México. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) explicó a diputados que la iniciativa presidencial en materia energética busca “recuperar el carácter social del servicio público de electricidad”, y también precisó que la reforma “no regresa al esquema previo de 2013”.

Esto es, abundó el director de Planeación Estratégica de la empresa, Juan Antonio Fernández Correa, “se respeta la participación de generadores privados que podrán atender a las empresas que lo requieran en las demás actividades de la industria eléctrica, pero en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, porque esta última tiene la responsabilidad social, que va más allá de ser un negocio”.

Al iniciar ayer en la Cámara de Diputados los foros para analizar el paquete de iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario señaló que no se privilegiará a un competidor sobre el resto de los participantes.

Porque, indicó, se hace explícito que el fin de las empresas públicas no es el lucro, sino que se protege al sistema eléctrico y el abastecimiento de un insumo esencial para el país.
Fernández Correa señaló que también se plantea eliminar la obligación de rentabilidad y de mejores prácticas, porque éstas figuras se refieren a un gobierno corporativo de empresas privadas, no aplicables a una empresa pública.

Recordó que la reforma constitucional de 2013 “pretendía ir debilitando a las empresas públicas en favor de las empresas privadas, sin tomar en cuenta las consecuencias para garantizar el acceso a toda la población en las mejores condiciones, implicando el abandono de la responsabilidad esencial de los poderes públicos”.
Defendió que, para garantizar el servicio, se requiere de una empresa estatal que llegue a las comunidades y a la población vulnerable, que las empresas privadas no están dispuestas a atender.

Además, señaló que, al hacer explícito que no sólo la planeación, sino también el control del sistema eléctrico nacional tiene como objetivo preservar la seguridad energética, se garantizan herramientas al Estado para garantizar el suministro durante emergencias.

Ejemplificó que, en febrero de 2021, ante el vórtice polar que afectó a Estados Unidos y restringió la oferta de gas natural hacia México, los participantes privados salieron del mercado y fue CFE quien se hizo cargo de estabilizar el sistema y proveer la energía necesaria a las zonas afectadas a su propio costo.

“Es por ello que la iniciativa abre la puerta a contar con un marco jurídico que dé los elementos a la empresa pública para poder garantizar el abasto a los mexicanos sin importar las circunstancias”, expuso.