Bogotá. Una semana después de que los nuevos alcaldes y gobernadores de Colombia tomaran posesión de sus cargos, ha quedado en evidencia el surgimiento de un bloque de poderes regionales que no sólo desafía al presidente Gustavo Petro, sino que pone en marcha las mismas políticas de seguridad inspiradas en el autoritarismo y la represión que impulsó durante ocho años el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Las victorias de sectores tradicionales en los comicios regionales de octubre de 2023, primer pulso electoral del gobierno, cambiaron el mapa político del país, según la opinión de la mayoría de analistas políticos, hecho que el gobierno decidió ignorar.

Los discursos de posesión y las primeras decisiones ejecutivas, aplican al viejo refrán nacional de que “en el desayuno se sabe como será el almuerzo”. Acusaciones a Petro de “contemporizar con los violentos” y ácidas críticas a su política de paz, que prioriza el diálogo a la confrontación armada, han sido complementadas con envalentonados alardes de autoridad.

Como el de Andrés Rendón, gobernador de Antioquia -el departamento más poblado y rico del país- quien invitó a su posesión al ex presidente Uribe para darle gracias “por ser el hombre que le devolvió la tranquilidad a Colombia y nos enseñó que era posible vivir seguros” y luego anunciar que su prioridad será la seguridad de su departamento.

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