Con motivo del tercer aniversario de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), hoy 12 de octubre, la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, acompañada por representantes de diversos pueblos originarios del país y del Congreso Nacional Indígena, realizaron un encuentro a las afueras de las instalaciones del INPI, y posteriormente a las 16 horas marcharán desde el Ángel de la Independencia al Zócalo.

Desde ayer por la tarde instalaron una carpa y cerraron la avenida México-Coyoacán. Diego García, integrante de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal, señaló que permanecerá el bloqueo en demanda de que inicien las obras en el predio expropiado Zacatecas 74. Por la mañana, en dicho lugar, realizaron el encuentro por los tres años de la toma.

“Desde hace dos años y medio que el predio fue expropiado y no comienzan las obras de construcción de 40 viviendas de interés social para integrantes de la comunidad otomí. Martí Batres, cuando era secretario de Gobierno, nos ofreció resolver la situación, y ahora que es jefe de gobierno no nos ha recibido. En Zacatecas 74 ni siquiera ha comenzado la demolición del inmueble para empezar a construir las viviendas.

“El gobierno local también se comprometió a expropiar el predio de Roma 18, hay un acuerdo por escrito, pero tal parece que no lo harán. Existe nula voluntad política para resolver”, lamentó.

Desde las 8 a las 14 horas de hoy, cuando se cumplen 531 años de resistencia y dignidad de nuestros pueblos, 27 años de la fundación del CNI y tres de haber tomado las instalaciones del INPI realizarán un encuentro, y en la tarde encabezarán una manifestación en repudio de “la guerra contra en contra de los pueblos originarios y de los zapatistas”.

La comunidad otomí precisó que “han pasado 531 años y no nos conquistaron. Nuestros pueblos originarios y comunidades indígenas, siguen resistiendo contra la militarización, la contrainsurgencia, el crimen organizado y los grupos paramilitares que, en complicidad con los gobiernos municipales, estatales y federales, gozan de plena impunidad para imponer megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía”.