Ciudad de México. El fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, quien se encuentra en la prisión federal de El Altiplano, Estado de México desde julio pasado, aceptó que sea un defensor de oficio que lo represente en el juicio de extradición a Estados Unidos.

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) le notificó al juez Adrián Rivera López, Juez Primero de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México, que designó a un abogado de oficio adscrito al juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales de la entidad, quien protestó al cargo como defensor del narcotraficante.

“El Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública delegación Estado de México, designa como defensor público del quejoso ... a ..., señalando domicilio donde puede ser localizado dicho defensor; y, ...Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, acepta y protesta el cargo conferido” señala el resolutivo.

Sin embargo, en el acuerdo se reservó publicar el nombre del defensor público, quien solicitó acceso al expediente electrónico, a las constancias de la demanda de amparo y de la suspensión de plano que un juez federal de Puente Grande, Jalisco, otorgó a Caro Quintero para frenar por el momento su extradición al vecinos país del norte, ya que es requerido por Washington para juzgarlo por el asesinato de Enrique Camarena, agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos, en febrero de 1985 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Hasta agosto de 2013, Caro Quintero cumplía una sentencia por el asesinato de Enrique Camarena Salazar, integrante de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), pero salió de la cárcel mediante un amparo, el cual fue revertido dos años después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En tanto, el gobierno de Estados Unidos solicitó a las autoridades mexicanas sea extraditado con el fin de que comparezca ante la justicia de ese país, lo cual fue autorizado por la SCJN el 9 de octubre de 2019. Permaneció casi nueve años prófugo de la justicia hasta que el pasado 15 de julio pasado fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina.