Ciudad de México. La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para revertir el decreto de interpretación auténtica sobre la propaganda gubernamental (que permitía a los funcionarios pronunciarse sobre la revocación de mandato) desató un debate en la sesión del Instituto Nacional Electoral (INE). Para Morena, fue una decisión “inaudita, violatoria de la Constitución y a la división de poderes”, en tanto que para el PRD solo revirtió los excesos de Morena.
Durante la aprobación de un acuerdo sobre peticiones específicas de campañas gubernamentales en este periodo de veda electoral, el diputado morenista, Mario Llergo, censuró la actuación de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF: “es un acto sin precedentes, yendo claramente contra lo que dispone la normatividad e inclusive el texto constitucional al decretar una inaplicación en abstracto, invadiendo competencias del Congreso.
Para Llergo su actuar como jueces constitucionales siempre debe estar apegado a la división de poderes y, sobre todo, al ámbito y esfera de competencias que claramente se han definido en el texto constitucional”. Explicó que el Congreso aprobó un decreto para definir los alcances de la propaganda gubernamental.
En contraste,el perredista Angel Avila destacó la resolución del TEPJF que permite que la democracia mexicana “ no sea vulnerada por la violación constitucional y a las leyes que de manera reiterada hace Morena, que de manera reiterada hacen la autoridad federal, encabezada por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores y gobernadoras electos de MORENA, los diputados federales y todo aquél funcionario público que no respeta la ley ni la constitución”.
Ante el cruce de posturas, los consejeros hicieron vacío al tema con excepción de la consejera Claudia Zavala quien destacó que las reglas sobre la propaganda gubernamental ya están estipuladas en el artículo 134 constitucional. La decisión de control de constitucionalidad que determinó el TEPJF obedece a que “garantiza que todos los poderes como debe de ser en una democracia se sometan a la Constitución.
La Constitución es la norma suprema que cuida que ningún poder constituido la pueda usurpar, sino que se deba generar el procedimiento establecido en ella misma para poder dar los cambios trascendentales en un país democrático”, apuntó.
