Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juez federal Ganther Alejandro Villar Ceballos, que dicte la vinculación a proceso penal en contra de 17 ex funcionarios del sistema penitenciario federal acusados de uso indebido de atribuciones, por causar daño al erario al interferir en licitaciones con un valor superior a los 270 mil millones de pesos, relacionados con la construcción de ocho centros carcelarios durante las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El juez con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, rechazó inicialmente analizar la presunta prescripción de los delitos de que se les imputan a los 17 acusados y de los cuales algunos continúan como funcionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Este caso está relacionado con la construcción y administración de las prisiones federales en Durango, Oaxaca, Morelos, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán.
La audiencia reinició a la 10:15 horas, luego de que ayer se desahogaron durante casi 12 algunos alegatos y la Fiscalí General de la República (FGR) presentó la imputación en contra de 17 personas.
El delito de uso indebido de atribuciones y facultades se le atribuye, entre otros a los ex funcionarios del OADPRS, Jannet Miriam Martínez Sánchez, Antonio Corona Rodríguez, Javier de Haro Alva, María Lidia Alcantar Vargas, Celina Oseguera Parra, y al actual coordinador de centros federales, el general Sergio Alberto Martínez Castuera.
