La Comar y el INM argumentan falta de recursos y de personal, por lo que un proceso de seis meses se extiende hasta casi un año, dijo el legista Rafael Flores Ruiz.

Denuncian las comunidades indígenas las estrategias usadas por el gobierno, partidos políticos y élites empresariales para despojarlos de sus tierras en favor de los intereses capitalistas.

Señalan que estas prácticas en las cárceles mexiquenses son solapadas y protegidas por los directores de los centros penitenciarios.