Cerca de 160 jefes de Estado, ex jefes de Estado, primeros ministros, ministros y diplomáticos firmaron una carta para exigir al gobierno del Reino Unido que ponga fin a la extradición de Julian Assange.
Los firmantes piden que le sea concedida la liberación inmediata de la prisión de Belmarsh, en Londres, donde se encuentra recluido en régimen de aislamiento por las autoridades británicas, sin ningún fundamento jurídico, desde abril de 2019.
Entre los firmantes figuran Alberto Fernández, presidente de Argentina; Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; José Mujica, ex presidente de Uruguay; Dilma Rousseff, ex presidenta de Brasil, Evo Morales Ayma, presidente depuesto de Bolivia; Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, y Rafael Correa, ex presidente de Ecuador.
También signaron la carta José Luis Zapatero, ex presidente de España; Jeremy Corbyn, ex líder del Partido Laborista en Gran Bretaña; y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.
Entre los firmantes mexicanos se encuentran Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social; Cuahtémoc Cárdenas Solórzano y la senadora Beatriz Paredes.
El llamado sin precedentes de la comunidad política internacional al gobierno del Reino Unido viene a respaldar la opinión emitida por expertos jurídicos internacionales dirigida al gobierno del Reino Unido y publicada como carta abierta el 18 de agosto.
El dictamen expresa la grave preocupación por el enjuiciamiento político de Assange, la flagrante violación de sus derechos fundamentales, la violación del derecho internacional y nacional por el Reino Unido, y cuestiona la legalidad del enjuiciamiento de la administración de Donald Trump, en particular la extensión del alcance del sistema jurídico de Estados Unidos más allá de su propio territorio.
El Reino Unido tiene una larga tradición como garante de las libertades individuales y la democracia liberal, incompatible con los actuales procedimientos de extradición, lo que está causando asombro e indignación en la percepción internacional.
Esta declaración política conjunta muestra la creciente comprensión en amplio espectro jurídico y político de que la posible extradición de Assange por el Reino Unido a los Estados Unidos sentaría un precedente que viola los acuerdos internacionales históricos y los derechos humanos.
Esta daría luz verde a los enjuiciamientos políticos, a la penalización del periodismo de investigación como espionaje; afirmaría la jurisdicción mundial de los Estados Unidos y el derecho al secreto absoluto de los Estados sobre los crímenes de guerra, la tortura de Estado y la corrupción.
Julian Assange es acusado por el gobierno de Trump con la publicacion de los registros de la guerra de Afganistan e Irak para que podria enfrentar 175 anos de carcel.
Los abogados de Assange han experimentado dificultades para comunicarse con su cliente. Edward Fitzgerald dijo: "Hemos tenido grandes dificultades para entrar en Belmarsh para recibir instrucciones de Assange y para discutir las pruebas con él. Simplemente no podemos entrar como requerimos para verlo y tomar su instrucción”.
El grupo de trabajo de la ONU ha dicho sobre la detención arbitraria emitió una declaración diciendo que "el derecho de Assange a la libertad personal debe ser restaurado".
