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Ordenan al Senado concluir proceso para nombrar a comité anticorrupción

El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, ordenó al Senado concluir a la brevedad con el proceso para nombrar a quienes ocuparán los puestos en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Imagen tomada del sitio https://sna.org.mx/
El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, ordenó al Senado concluir a la brevedad con el proceso para nombrar a quienes ocuparán los puestos en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Imagen tomada del sitio https://sna.org.mx/
26 de agosto de 2020 15:30

El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, ordenó al Senado concluir a la brevedad con el proceso para nombrar a quienes ocuparán los puestos en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), vacantes desde la renuncia de uno de sus integrantes, el año pasado, y al término del periodo de otro.

Aunque el Senado lanzó la convocatoria para ocupar estos cargos, el proceso se vio interrumpido por la pandemia y no se ha podido reiniciar, lo que llevó tres de los integrantes del CPC, junto con organizaciones de la sociedad civil a promover el amparo, que fue admitido a trámite por el juez Juan Carlos Guzmán Rosas, quien otorgó además la suspensión provisional.

Así se advierte en el acuerdo judicial: "Procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que cesen las omisiones atribuidas a las autoridades responsables y se realicen las acciones establecidas en la Ley General del Sistema Anticorrupción, necesarias para designar a los integrantes del CPC".

El juez afirmó que la suspensión se justifica debido a al interés social que significa la aplicación de las políticas para combatir la corrupción y ante  “la omisión atribuida a las autoridades responsables refleja una actitud de indiferencia ante el cumplimiento de las obligaciones que la ley les impone atendiendo al ejercicio del cargo, pues abandonan o dejan de prestar el servicio público encomendado y soslayan el bienestar social que supone observar ese deber".

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