Ciudad de México. La Ciudad de México tiene el mayor número de reportes de mujeres que sufrieron algún tipo de maltrato en labores de parto, abuso en la medicación para inducir el alumbramiento o práctica innecesaria de cesáreas, tanto en instituciones públicas como privadas, según información del Instituto Nacional de Salud Pública.

Si bien la Constitución Política de la Ciudad de México establece la obligación de las autoridades para adoptar medidas tendientes a evitar y sancionar la violencia obstétrica, la Ley de Salud local no contiene aún disposiciones que prevengan dichas prácticas.

Morena presentó una iniciativa de reforma a la Ley, para garantizar en la ciudad una atención obstétrica humanizada, calificada, accesible y de calidad y establece además la obligación de generar protocolos que permitan la atención de personas indígenas con perspectiva de interculturalidad.

A la implementación de medicina integrativa como es homeopatía, herbolaria, quiropráctica, acupuntura y naturoterapia plantea incorporar la “medicina indígena tradicional y partería”.

La iniciativa, elaborada por el diputado Ricardo Fuentes Gómez, incorpora al catálogo de conceptos de la Ley de Salud la definición de violencia obstétrica como “toda acción u omisión ejercida por parte del personal médico o administrativo perteneciente al sistema de salud público o privado de la Ciudad de México dañe o lastime física o psicológicamente a la mujer, sin importar su condición física o social, raza o grupo indígena del que forme parte y que omita toda perspectiva de interculturalidad durante el embarazo, parto o puerperio, así como la negación o negligencia de la atención médica y la vulneración de sus derechos humanos, sexuales y reproductivos”.

El concepto alude a procedimientos médicos o quirúrgicos que impliquen un trato deshumanizado, abuso de la medicación y patologización de los procesos naturales del embarazo y el parto, incluyendo la cesárea sin el consentimiento de la mujer.

Fuentes, explicó que la Organización Mundial de la Salud, alertó que “se ha incrementado el uso de intervenciones que anteriormente sólo se usaban para evitar riesgos o tratar complicaciones, como el uso de la exitocina para acelerar el trabajo de parto, así como el incremento en la práctica de las cesáreas, en muchas ocasiones para comodidad del médico y su agenda”.

Refirió que el Instituto Nacional de Salud Pública, con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 33.4 por ciento de mujeres entre 15 y 49 años manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia obstétrica, entre violencia y maltrato o atención no autorizada como cesáreas, esterilización u otro método anticonceptivo forzado, y de estás el 30.5 por ciento se concentró en la capital de la República, seguida por el Estado de México con el 25 por ciento.