Ciudad de México. Ante el presunto fraude de personas ajenas a la administración pública, con el que se prometen apoyos económicos de 25 mil pesos y falsas tarjetas alimentarias como parte de un supuesto programa emergente ante la pandemia por Covid-19, cinco dependencias federales comenzarán una campaña de difusión para informar a la población sobre esa irregularidad.
Las secretarías de Bienestar (SB), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Educación Pública (SEP), de Economía (SE) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través de redes sociales informarán a la población acerca de las diferentes estrategias para defraudar y evitar así que la población caiga en en el engaño.
Además, informaron en un comunicado conjunto, trabajan de manera coordinada con las autoridades correspondientes, compartiendo información relativa a los casos fraudulentos, así como las denuncias que llegan a través de sus redes sociales y unidades de atención.
Alertaron que circulan anuncios en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, donde se ofrecen apoyos económicos de 25 mil pesos y falsas tarjetas alimentarias como parte de un supuesto programa emergente ante la pandemia.
Indicaron que con la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Bienestar y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se han congelado cuentas de personas ligadas a un presunto fraude que consistía en la entrega de falsas tarjetas a cambio de depósitos en efectivo; sin embargo, los grupos que intentan engañar a la población continúan operando en distintos estados de la República cambiando sus estrategias.
También el gobierno federal trabaja de manera coordinada con el área especializada en delitos cibernéticos de la Guardia Nacional, así como con la UIF. La Dirección General Científica de la Guardia Nacional cuenta con capacidades para realizar monitoreo a la red pública de internet las 24 horas del día, y colabora con las fiscalías y organismos especializados para la atención de requerimientos ministeriales y judiciales en la materia.
