Pese a los progresos en el reconocimiento legal de los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, todavía existe discriminación hacia este grupo históricamente excluido.

En México hay 2.5 millones de personas en el trabajo doméstico remunerado, cifra que representa 4.2% del total de la población ocupada.

La medida, para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral aplicable en materia de condiciones generales de trabajo para este sector.

Esto dificulta el acceso a condiciones de trabajo “dignas y seguras, así como a sueldos justos”, señala la Comisión.

Se busca visibilizar, reconocer los derechos y obligaciones de quienes se dedican a esta labor, destacan la Lotería Nacional y la STPS.

Suman 53 mil 755 trabajadoras del hogar que también ya están registradas. El plan piloto para migrantes reporta 981 asegurados.

La marginación y la pobreza han obligado a mujeres jóvenes a migrar a las ciudades sin tener la oportunidad de continuar los estudios.

Esto significa que 9 de cada 10 trabajadoras no están afiliadas, explicó el El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

Autoridades capitalinas consideraron importante visibilizar esta problemática, pues en la CDMX hay al menos 20 denuncias sobre explotación.

Les afecta particularmente por las condiciones de precariedad en la que laboran.

Firmó un acuerdo con la plataforma Zolvers. Unas 25 mil mujeres ingresarían al sistema financiero.

El Instituto plantea al Senado reformas a la Ley del Seguro Social para que el acceso al régimen sea obligatorio.

Señaló que no se les puede obligar a trabajar si no cuentan con el equipo de protección necesario y así disminuir el riesgo de contagio de Covid-19.

A partir del miércoles 13 de mayo, las 22 mil 300 trabajadoras que están registradas podrán recibirlo.

Ante la contingencia por el Covid-19 pidió que se garantice que las personas que se dedican a esta actividad se queden en casa y se les pague el monto íntegro de su salario.

Marcelina Bautista, directora del Caceh, afirmó que con las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social se logró que éstas fueran “más justas” para el gremio.