En 2016, el DoJ instó a Mercedes-Benz a realizar una investigación interna sobre posibles valores de emisiones manipulados en vehículos diésel.

La automotriz instaló dispositivos de desactivación no autorizados en los vehículos, restringiendo así la purificación de los gases de escape.

La empresa automotriz hizo una inversión superior a los 200 millones de pesos y podrá dar empleos a 150 personas de la localidad.