Mexicali, BC. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), inhabilitó al ex gobernador, Jaime Bonilla, para ocupar cualquier cargo público durante tres años.

La denuncia contra Bonilla Valdez se elaboró en la Secretaría Anticorrupción pero se turnó al TEJA al considerar que se trataba de una falta grave.

El procedimiento administrativo sancionatorio es por un contrato a Next Energy que construiría una planta de energía fotovoltaica, sin tener la atribución para ello al ser una facultad exclusiva del gobierno de México. 

El fallo sancionatorio se determinó el lunes 8 de diciembre de 2025, cuando fue notificado al gobierno estatal, reconoció la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en conferencia de prensa.

En tanto, tras una larga audiencia que concluyó a las 23 horas del 8 de diciembre, su secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, fue vinculado a proceso penal por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones.

En 2021 otorgó de manera ilícita a la empresa Arsa LAB para adquisición de insumos médicos por 39 millones 680 mil 730 pesos, en nueve adjudicaciones directas.

La denuncia la presentó el Órgano Interno de Control de la Secretaria Anticorrupción de Baja California.

En la audiencia también se vinculó a proceso a Gerardo Abdiel Contreras Hernandez, quien pasó de la Jefatura de Mantenimiento a encargado de despacho de la Dirección de Administración e integró el Comité Técnico para el Manejo de la Deuda de ISESALUDBC que autorizó el pago a diferentes proveedores.

En ambos casos, enfrentarán su proceso penal en libertad al omitir la Fiscalía General del Estado la prisión como medida cautelar.

Los ex funcionarios de la administración de Bonilla que están vinculados a proceso son el ex director de Administración, Mikel Roberto Alcántara Hernández, y el jefe de Recursos Materiales, Miguel Ángel Marín Cardone. 

Quien tiene sentencia de 19 meses de prisión es Octavio Hilton Reyes, ex oficial mayor del gobierno de Bonilla.