Morelia, Mich. La comunidad nahua de Santa María Ostula, ubicada en Michoacán, condenó “rotundamente” la explosión ocurrida el sábado pasado frente a la base de la policía comunitaria en el municipio de Coahuayana, cuyo propósito, afirmó, fue generar temor en la población y afectar el sistema de seguridad comunitaria que brindan los pueblos de esta localidad.

Ayer, la explosión de una camioneta Dodge Ram tipo Dakota en Coahuayana provocó la muerte de cinco personas: tres eran policías comunitarios y dos desconocidos. Uno de estos era el conductor del vehículo. Además hay siete personas lesionadas y 12 vehículos resultaron dañados, de ellos, dos son camionetas blindadas marca Chevrolet tipo Suburban, de la policía comunitaria.

En un mensaje difundido en redes sociales, la comunidad señaló que “ninguna de las personas que murió en el atentado ni nadie merece ser víctima de grupos criminales”. Informó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde hace ya cinco años ha atacado a sus poblados para intentar desplazar a las poblaciones, como ocurre en otras partes del país.

Por ello, exigió al gobierno federal y estatal asegurar el castigo a los responsables materiales e intelectuales de hecho provocado el pasado sábado en Coahuayana; acciones reales y duraderas para la desarticulación del CJNG y de todos los carteles criminales; cese de la complicidad entre criminales y gobiernos; respeto efectivo, no únicamente en discursos, de los derechos de su pueblos y comunidades; pleno otorgamiento de garantías para el funcionamiento de sus policías comunitarias y guardias comunales.

Reiteró que seguirán unidos y organizados para garantizar la seguridad de los habitantes de sus comunidades y de la población en general. “En estos momentos tan difíciles, extendemos nuestra solidaridad y apoyo total a la Policía Comunitaria de Coahuayana, encabezada por el comandante Héctor Navarrete”, la cual desde 2013 entró en funciones para combatir a la delincuencia y a los grupos criminales que han asolado la Costa-Sierra desde hace más de una década.

Recientemente el gobierno federal dio a conocer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con un presupuesto de más de 50 mil millones de pesos. Pero, subrayó, “ni con este plan ni con los planes anteriores, se están construyendo la paz y la justicia”.

Aseguró que “la solución no está en militarizar la región y el estado o el país, ni en la criminalización de nuestras policías comunitarias; sino en desarticular estas organizaciones criminales desde sus bases y en todas las geografías en las que operan, así como la pavorosa complicidad de instituciones y funcionarios corruptos con el crimen organizado”.

A la vez, la solución, sostuvo, “está en el respeto de los gobiernos a las estructuras de seguridad que surgen desde nuestros municipios y comunidades, como lo son las policías comunitarias y guardias comunales. También en el respeto a la libre determinación y a los derechos de las comunidades; y en construir proyectos de vida y no de muerte”.

La comunidad nahua mandó un abrazo fraterno y solidario a los habitantes de Coahuayana ante estos dolorosos acontecimientos.