Donald Trump redobla las amenazas contra el crimen organizado en Venezuela y, ahora abiertamente, en Colombia, mientras indulta a un ex presidente hondureño sentenciado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por delitos relacionados con el narcotráfico. En el sur busca derrocar gobiernos progresistas y en Centroamérica impuso a la opción conservadora deseada.
La explícita doctrina extorsionadora de Trump ha quedado clara en Argentina, donde chantajeó al electorado con no apoyar económicamente (20 mil millones de dólares) a esa nación tan angustiosamente entrampada si no tenía continuidad el poder estrambótico de Javier Milei. Cosa parecida hizo en Honduras.
En Venezuela y Colombia, el ocupante de la Casa Blanca promueve acciones contra los presidentes en funciones. Ayer con el señalamiento de que vienen acciones en tierra contra el primer país, ya no sólo aéreas contra lanchas con tripulantes asesinados por parecerle a los militares gringos que eran narcotraficantes. “Sabemos dónde viven los malos y vamos a empezar con eso (los ataques terrestres) muy pronto”, dijo.
México está, hasta ahora, en zona de preparación. La presidenta Sheinbaum ha resistido los embates constantes del multimillonario naranja. Tiene altos índices de popularidad y el apoyo de un movimiento social no bien vertebrado (no un partido, pues Morena se ha quedado como instancia repetidora de posturas presidenciales, estancada en la visión burocrática).
Sin embargo, hay una prolongada campaña de desacreditación en redes sociales y medios convencionales y una magnificada irrupción de un ultraderechismo encabezado por un empresario fiscalmente deudor. Trump mantiene la mira en México y el proceso denominado Cuarta Transformación. Las insuficiencias de este proceso, los incumplimientos gubernamentales, sobre todo por carencias presupuestales, y la pretensión de mantener una “unidad” regida por complicidad de élites, más algún apretón desde Washington en materia económica, comercial y de crimen organizado, pueden darle al mandatario gringo más materia de chantaje.
Con el auspicio de la UNAM se ha publicado el libro Luchas sociales y participación política en el sexenio obradorista (2018-2024), coordinado por Massimo Modonesi, César Enrique Pineda y Sergio Tamayo, a partir de la hipótesis de que la llegada de un gobierno progresista iba a modificar, aunque fuera parcialmente, los patrones y las pautas de comportamiento social y que esta variación era parte sustancial de la llamada Cuarta Transformación.
Modonesi señala que “Morena y la 4T desplazaron y descolocaron el eje de la acción política al plano institucional y gubernamental y dejaron vacío ese lugar (...) dejaron de aparecer actores políticos con demandas de más alcance, que pugnaran o cuestionaran la profundidad de la transformación en curso”. Ya no existe un movimiento social transformador “porque fue fagocitado por la estructura político-electoral de Morena“.
En la actualidad, “las instancias de procesamiento de ese horizonte de transformación están concentradas en cúpulas partidarias y gubernamentales”, de tal manera que “la izquierda antisistémica ha sido eclipsada por otra de carácter nacionalista y progresista, pero limitada”. Habló del “transformismo“, caracterizado por el proceso en el que los grupos dirigentes de un movimiento social determinado “son cooptados y directamente participan del gobierno”. De ser “agentes de movilización y organización desde abajo, se vuelven agentes de redistribución de políticas públicas“ (entrevista: https://goo.su/NEt70DN; descarga gratuita del libro: https://goo.su/bqoE1YB).
Astillas
Camina entre visos de juego arreglado el proceso de designación de la nueva titularidad de la Fiscalía General de la República. La encargada del despacho, Ernestina Godoy, ha tomado decisiones y ha hecho cambios en puestos de alto nivel como si ya fuera la ganadora de lo que teóricamente estarían por resolver instancias legislativas y la Presidencia de la República… ¡Hasta mañana!
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