En los 11 meses que han transcurrido de 2025, en la región de La Montaña de Guerrero el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan recibió las denuncias de 15 feminicidios, seis de ellos ocurridos en los municipios de Cochoapa, Copanatoyac y Alcozauca, en un contexto de mucha violencia interfamiliar y con agresores bajo efecto de drogas, apuntó la abogada del organismo Neil Arias Vitinio. Los agentes del Ministerio Público de la región abrieron carpetas de investigación por homicidios o, peor aún, como hechos no constitutivos de delitos.
Por ello, para Neil y sus compañeras del área de defensa de las mujeres del Tlachi, como se conoce al centro defensor, arraigado en La Montaña desde hace más de 30 años, este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, no hay nada qué celebrar. “Porque aquí, donde estamos y donde trabajamos, para acceder a la justicia hay que tener dinero”.
Ayer, en la presentación de su informe Las Mujeres de La Montaña, renacer entre los filos del olvido, brindó su testimonio una joven.
Ella fue dada por su padre en matrimonio forzado hace varios años. Ya con dos niños a cuestas la pareja emigró a los campos agrícolas a trabajar. Entre ambos lograron levantar una casa en su lugar de origen, Juanacatlán, municipio de Metlatónoc. Él la violentaba. Cuando volvió a quedar embarazada regresó al pueblo. Él la siguió, la acosó, la golpeó y la violó. La despojó del patrimonio común alegando que tiene una deuda con la familia del cónyuge por el monto que pagaron por ella cuando “la compraron”.
Cuando la pareja compareció ante el MP, el agente no le permitió a ella hablar por ser mujer. Sólo escuchó al esposo agresor. El fiscal regional determinó que ella debe pagar la deuda y no tiene derecho a la posesión de su casa. Y por ser mujer, no puede representarse a sí misma ante las autoridades. Esto ocurrió hace apenas unas semanas, en 2025, siglo XXI.
En los 20 municipios de la región –con una población femenina de cerca de 215 mil mujeres, 93 por ciento de alguno de los cuatro pueblos indígenas o afro y 63 por ciento analfabetas–sólo hay una agencia para la investigación de delitos sexuales y violencia intrafamiliar. El informe reporta que, para toda la región de La Montaña, con tantos parajes remotos y muchos de ellos en un contexto de violencia aguda, sólo hay nueve agencias del Ministerio Público del fuero común, seis de éstas concentradas en Tlapa, una en Malinaltepec, otra en Huamuxtitlán y otra más en Olinalá.
Sólo hay una agencia especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Y ningún Ministerio Público del orden federal.
El informe destaca, con estadísticas, el subregistro oficial de violencias contra niñas y mujeres. Mientras Tlachinollan documenta 83 casos de feminicidios perpetrados en la región entre 2020 y 2025, los diferentes reportes oficiales sólo dan cuenta de 16.
Asesinada por denunciar
En el informe se incluyen 22 microhistorias que dan nombre y rostro a las violencias descritas. Ocho son de feminicidios. Dos han sentado precedente en la jurisdicción del estado con las sentencias por feminicidios contra los perpetradores. Una es la de Flor, me’phaa, de 23 años, madre de dos niñas. Su esposo la mató por haberlo denunciado de violencia intrafamiliar y exigirle, como corresponde por ley, la manutención de las pequeñas. Gracias a la tenacidad de su madre, tres años después se logró una sentencia de 36 años contra Enrique, primer caso de sentencia por feminicidio bajo el sistema tradicional.
Este informe incluye siete casos de desapariciones forzadas, todos impunes. Las historias se conocen porque las familias acudieron a Tlachinollan a denunciarlas. En todos los casos existen demandas penales. Sin embargo, de manera llamativa y muy lamentable, en los anales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Reportadas no se incluye ninguno de éstos.
Aurelia, desaparecida
Uno de estos relatos es el de Aurelia, una mujer na savi de Cochoapa el Grande, un sitio que desde hace décadas aparece en las estadísticas como el municipio más pobre de México. El relato se inicia con Aurelia, una joven mujer casada con un hombre violento y madre de tres hijos –el menor de apenas algunos meses–, durmiendo en el suelo de su vivienda con sus tres críos. Es la madrugada del 29 de abril de 2020. De pronto, desconocidos irrumpen y matan a balazos al esposo. Cuando ella, aterrada, busca ayuda en casa de sus suegros, es señalada como culpable del asesinato. Es golpeada por toda la familia del cónyuge. El suegro, que es autoridad en el pueblo, la amarra de las manos, atada a un poste en la intemperie. Le quitan a sus hijos. Cuando acude al Ministerio Público en la cabecera municipal, Tlapa, la ignoran. Y cuando se atreve a regresar a su pueblo a buscar a los niños, se pierde su rastro. Desaparece.
¿Delito erradicado?
Más inquietante es la diferencia de cifras oficiales y las que reporta el informe de Tlachinollan en casos de matrimonios forzados, que ya ha sido tipificado como delito en el estado. El centro de derechos humanos ha documentado 267 niñas y mujeres vendidas a familias con el supuesto fin de matrimonio. Las fuentes oficiales reportan cero casos. Y sostienen que han declarado erradicado el delito.
Se narran siete historias más de lo que se llama “matrimonios forzados”, pero que no es más que una venta de niñas y mujeres. Las tragedias de Estela, Patricia y Anahí, de 14, 15 y 16 años, son similares. Con engaños, sus padres las vendieron a dos familias de otra comunidad indígena. Las niñas llegaron a Tlapa entre octubre y noviembre de 2008. Las enviaron a trabajar en el servicio doméstico, sin salario, en dos casas distintas. En una, el patrón abusaba de una de las niñas. La otra fue entregada a un joven de 15 años para servicios sexuales. La tercera fue encontrada en Tlapa, cautiva de un señor llamado Braulio, que la explotaba sexual y laboralmente, poniéndola a trabajar en el comercio ambulante. Para poder regresar con sus familias, los padres tuvieron que rembolsar los 40 mil pesos que habían recibido por ellas años antes.
