México se encuentra entre los tres países con un mayor número de jets privados, con casi 2 mil, lo que refleja una industria que condensa los efectos de la contaminación y la desigualdad, expone un nuevo informe de la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF). Los vuelos privados son sólo un aspecto de las brechas que se abren entre quienes pueden consumir (y contaminar) más y quienes sufren las consecuencias, amplió Diego Merla, coordinador de Estrategia de Justicia Fiscal en Oxfam México.

El 0.1 por ciento de la población más rica en México contamina prácticamente lo mismo que el 40 por ciento más pobre, lo que evidencia la necesidad de tomar la coyuntura para empujar una reforma fiscal orientada a la redistribución entre quienes más contaminan y los que más resienten lo efectos del deterioro ambiental, explicó Merla.

No sólo es un tema que pasa por el consumo, sino también por las inversiones, amplió el economista político de Oxfam México, durante la presentación del informe de la AJF. Los negocios a los que se aboca la mayor parte del capital de los tres hombres más ricos del país: Carlos Slim (Grupo Carso y América Móvil), Germán Larrea (Grupo México) y Alejandro Baillères (Grupo BAL) contaminan más que 17 millones de personas en México, comparó.

El informe Más verdes, más justos, impuestos que cuiden al planeta y a las personas, presentado por la AJF, advierte que México enfrenta una triple crisis ambiental derivada de la crisis climática, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, la política fiscal se queda corta tanto en la parte recaudatoria como en la de gasto, no sólo para mitigar esos efectos, sino también para fincar una justicia ambiental mediante el gasto público.

Por un lado, estas brechas se cuentan en cosas tan tangibles como el que México, de acuerdo con listados internacionales, es el tercer país con un mayor número de jets privados en el mundo, sólo detrás de Estados Unidos y Brasil. Incluso en algunos de esos rankings iguala a su par sudamericano. Esto en una industria, la aviación, que de por sí ya se considera una de las más contaminantes a nivel global y de las que más evidencian las disparidades de ingresos.

De acuerdo con estudios recuperados en el informe de la AJF, 80 por ciento de la población mundial nunca ha volado, en tanto que el uno por ciento –la más acaudalada– es responsable de la mitad de emisiones de la aviación global. Al hacer un acercamiento, los jets privados son entre cinco y 14 veces más contaminantes por pasajero que los vuelos comerciales y 50 veces más que los trenes, de acuerdo con informe de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, recuparado por la AJF.

Sin embargo, la estructura fiscal está diseñada para subsidiar la contaminación que generan las población de mayores ingresos. En México, las tarifas de uso de aeropuerto (TUA) se aplican por tonelada o por tiempo de uso de la aeronave, “lo cual beneficia a jets privados frente a aviones comerciales, por sus dimensiones e intensidad de uso”, subraya el informe de la AJF. Como ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cobra las misma TUA a la aviación comercial y a la privada.

Otra de las formas más tangibles de ver los efectos de una política fiscal ajena a la agenda ambiental está en los yates.

De acuerdo con el informe de la AJF, en un año un yate puede generar una huella de carbono equivalente a la de mil 400 personas, pero en México los cobros por su uso son de los más bajos del mundo. De hecho, es más costoso estacionar un automóvil en la Ciudad de México, que una embarcación de recreo en Los Cabos.

“La tarifa de puerto para un yate de recreo en Los Cabos es de solo 64.16 pesos al día; en la marina de Cozumel, el atraque en un muelle cuesta 20 pesos por pie de largo de la embarcación, mientras en lugares como Los Ángeles o Florida la tarifa es de 120 a 240 dólares por pie”, detalló la AJF.

Los impuestos a vehículos –privativos de las personas más acaudalados en el país– son sólo uno de los ejemplos que propone la AJF para nivelar la balanza ambiental como parte de una reforma fiscal progresiva que incluye tres tipos de gravámenes: al carbono, enfocados al sector transporte y vinculados a la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad.