A pesar de que el grueso de las organizaciones transportistas del país no participó en el paro carretero, a la palestra brincó otro grupo “apartidista” de ese sector (que ni siquiera disimuló las credenciales tricolores y blanquiazules de sus integrantes), asociado con un frente “rescatista” del campo nacional, que llevó a cabo 29 bloqueos en 17 estados de la República, con el fin, según dijo, de “obligar” a las autoridades federales a “dialogar”, pero obviaron que de tiempo atrás ellas abrieron la puerta y acondicionaron la mesa para tal objetivo. Finalmente, ayer los quejosos se apersonaron en Bucareli y a ver en qué termina el numerito.
Pero más allá de las protestas por la inseguridad de los trasportistas en las carreteras y el “incumplimiento” de los precios de garantía para el maíz que denuncian los “rescatistas”, apareció un “reclamo” por la nueva Ley General de Aguas, algo que, de acuerdo con la presidenta Sheinbaum, “no había surgido como tema en las manifestaciones”, y sobre ello la mandataria fue directa: “Hay quien lo hace para mantener privilegios que ya no queremos que existan”, porque esa legislación, “y lo hemos planteado aquí en varias ocasiones” tiene los objetivos de “regresar ese recurso a la nación y garantizar el derecho humano al agua” para que deje de ser una mercancía; es decir, lo contrario de la modificación salinista de 1992.
Sobre el primero de los reclamos, el de la seguridad en las carreteras, la presidenta Sheinbaum declaró: “está abierta la puerta de manera permanente con la Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación y Secretaría de Seguridad; es decir, no tendrían por qué haberse manifestado, porque el diálogo está abierto. Entonces, ¿para qué cerrar las carreteras si hay una mesa de diálogo?”
Pero en el tema del agua la jefa del Ejecutivo federal fue muy clara: “si se trata de defender privilegios para que acapares agua, pues ahí sí ya no, porque para eso estamos transformando el país, para que haya agua para todas y para todos. Entonces, que no se esté mercantilizando el agua por privados para otros usos, sino que sea directo al municipio quien le dé el agua a la gente”, porque hasta ahora algunos privados –con concesiones– la venden.
Cierto es que los cambios que Carlos Salinas de Gortari hizo a la Ley de Aguas fue para privatizar y mercantilizar uno de los derechos humanos básicos: el acceso al recurso natural. En cambio, con la cuchara más grande que encontraron se sirvieron consorcios mineros, refresqueros, cerveceras, grandes productores agropecuarios, clubes de golf, políticos, bancos (¡qué coño tienen que ver en esto!: especulación), ingenios azucareros y más.
Como se ha publicado en este espacio, y de acuerdo con la información disponible, uno por ciento de los usuarios del agua en México (los grandes corporativos) acapara cerca de 25 por ciento de los recursos hídricos del país (Dulce Olvera, Sin Embargo, con base en Los millonarios del agua, de Wilfrido A. Gómez-Arias y Andrea Moctezuma). Además, el uso y abuso en las zonas de altísimo poder adquisitivo que roban el líquido a las comunidades. Por ejemplo, en Valle de Bravo: lagos ilegales que los particulares hacen en sus residencias de descanso.
Y anotábamos: ¿beneficiarios de la decisión salinista y de sus sucesores en Los Pinos?: además de la banca, como Azteca, de Ricardo Salinas Pliego; Kimberly Clark, de Claudio X. González; Femsa: Coca-Cola, Bachoco, Herdez, Nestlé, Lala, Alpura, Cemex, Apasco, Copamex, empresas privadas de energía eléctrica, automotrices, agroindustrias, corporativos mineros –como el del tóxico Germán Larrea a la cabeza de Grupo México–; Minera del Norte, de Alonso Ancira, y canadienses como GoldCorp. También las trasnacionales ArcelorMittal y Ternium, subsidiaria de la italiana Techint, y más.
De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, en 1992, en el momento en el que Salinas de Gortari modificó la Ley de Aguas, en el registro había alrededor de 2 mil concesiones; casi 20 años después sobrepasaban 600 mil; es decir, un incremento en el periodo de 30 mil por ciento. Entonces, si eso es lo que defienden los “rescatistas” del campo y para ello bloquean carreteras y aduanas, pues no, gracias por el “esfuerzo apartidista”.
Las rebanadas del pastel
El Servicio de Administración Tributaria informó que de enero a octubre de 2025 la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones sumó cerca de 4.5 billones de pesos, 6.1 por ciento más, en términos reales, que en igual periodo de 2024. Un gran resultado y para el cierre de año incluirá los 74 mil millones pagados por Ricardo Salinas Pliego.
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