Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a 17 leyes para regular las medidas de protección del Estado a mujeres, niñas y adolescentes en materia de desarrollo económico y salud, así como de medidas contra las violencias, la discriminación y el acoso laboral y escolar.

En la propuesta, que se envió a comisiones, la mandataria detalló que una de las principales causas del fenómeno de las violencias es la falta de acceso al mismo trato y oportunidades, la feminización de la pobreza y las barreras estructurales.

Recordó que su gobierno ya presentó al Congreso un conjunto de iniciativas constitucionales y legales para erradicar las violencias contra las mujeres, y ahora es necesario prever “los deberes reforzados del Estado para brindar protección… específicamente en ordenamientos como los que regulan los procesos civiles y familiares, educación, trabajo, servicios de salud y vivienda”.

La iniciativa, dijo en la exposición de motivos, se sustenta en el hecho de que la violencia de género “no es un hecho aislado ni individual, sino un fenómeno sistémico y estructural, profundamente enraizado en las relaciones desiguales de poder y en la persistencia de estereotipos que perpetúan la subordinación de las mujeres”.

Así, por ejemplo, propuso que la Secretaría de Gobernación tendría a su cargo las políticas para definir mecanismos de alerta temprana en casos de violencia, así como coordinar el mecanismo de casos de tortura sexual.

En materia de justicia, el documento plante incluir en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que las autoridades jurisdiccionales “deberán velar en todo momento por garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y actuar con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos”.

Incluye además que, además de los juicios de alimentos, violencia familiar, violencia sexual o contra la mujer, deberán admitirse casos por violencia vicaria.

Mientras que en la Ley General de Desarrollo Social se busca definir que los gobiernos propicien condiciones para eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, así como promover un desarrollo económico que eleve el nivel de ingreso, mejore su distribución y fomente la igualdad salarial.

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Ejecutivo solicitó cambios para que los estados y la Ciudad de México difundan que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son expresiones de violencia y delitos, y que pueden constituir causas de rescisión laboral y faltas administrativas.

En ese sentido, también en la Ley General del Trabajo se pretende obligar a las empresas, establecimientos, patrones y trabajadores a generar un entorno laboral libre de discriminación y violencias hacia las mujeres.

Como parte de las obligaciones del gobierno, se propuso instalar unidades de atención a víctimas de violencia de género contra las mujeres, adolescentes y niñas.

En materia de vivienda, la presidenta planteó cambios para que los programas, instrumentos y apoyos de vivienda se diseñen y apliquen con perspectiva de género y que las políticas den prioridad a la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, marginación, con énfasis en las mujeres jefas de familia o víctimas de violencia de género.