Guadalajara, Jal. Por lo menos dos de los ocho detenidos que fueron vinculados a proceso por participar en los actos violentos en el centro de Guadalajara el pasado 15 de noviembre, son de Guadalajara y no de fuera de la ciudad o del estado, como dijo el gobernador Pablo Lemus al acusar que un grupo de 50 individuos pagados fueron enviados a Jalisco a causar destrozos en palacio de gobierno, como parte de una agenda política nacional que ha evitado precisar.

Aunque se solicitó el dato de cuántos de los ocho vinculados a proceso viven en Jalisco, la Fiscalía del Estado evitó responder, pero se logró detectar de forma fehaciente que Adrián N y Héctor Gerardo N viven en la capital jalisciense, aunque existen versiones coincidentes de familiares y detenidos que fueron dejados en libertad el jueves, de que la mayoría de los ocho son locales.

En el caso de Adrián, él y su novia Erika con la que vive, llegaron hace un año del sureste del país, donde residían.

La madre de Erika cuenta que Adrián había salido de trabajar, caminaba con su pareja por el centro de la ciudad (proporcionó un vídeo dentro de una tienda de conveniencia donde se ve al muchacho) cuando varios policías los detuvieron, a ambos los golpearon, los despojaron de sus pertenencias y a ella la soltaron sólo cuando les mostró que le habían realizado una cirugía de trasplante de riñón.

Erika contó que ese sábado 15 también fue detenida una mujer en las redadas de la policía luego de tres horas de libre violencia en el centro de la ciudad contra palacio de gobierno, a quien dejaron libre al darse cuenta que estaba embarazada.

También es el caso comprobado de Héctor Gerardo, quien según confirmó su novia Gabriela, él nació aquí, se crió y estudió aquí y también trabaja en Guadalajara.

Existen más testimonios de la brutalidad en las detenciones no solo videograbados sino de los que estuvieron detenidos -40 en total, de los cuales 32 fueron dejados libres el jueves-, además que se han interpuesto denuncias contra los policías por despojo de celulares, de dinero y de identificaciones oficiales.

Hasta el jueves se habían presentado 20 quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismo que abrió un acta de investigación pero ha evitado pronunciarse en torno a lo ocurrido.

Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad Pública de Jalisco, reconoció que hubo “un mal actuar de los policías” durante las detenciones realizadas.

“No vamos a permitir este tipo de situaciones en la Secretaría, vamos a seguir en el uso racional de la fuerza. También ofrecemos una disculpa a quienes tuvieron un agravio en su persona ese día, vamos a mejorar nuestro trabajo para evitar en lo sucesivo que vuelva a ocurrir lo sucedido”, dijo.

Por su parte el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo se solidarizó con quienes fueron “violenta y arbitrariamente detenidos” y ofreció apoyo para la presentación y seguimiento de denuncias en la Fiscalía, en la CEDHJ y recibir todos los testimonios y quejas que quieran aportar los afectados.

“Debido a que la decisión de no vinculación a proceso no concluye el proceso de investigación del Ministerio Público, sino que la Fiscalía puede seguir recabando pruebas y en su momento volver a intentar acusar a sus familiares con supuestas ‘nuevas pruebas’, proponemos enviar un mensaje a algún organismo internacional como ONU o la Comisión Interamericana de DDHH (...) Para prevenir que la Fiscalía se atreva a volverlos a acusar”, concluye el desplegado de apoyo.