Guadalajara, Jal. Los 40 adultos detenidos la noche del sábado después de los actos vandálicos que por tres horas ocurrieron en el centro histórico de esta capital sin que las autoridades lo impidieran, fueron enviados la tarde de este lunes al complejo penitenciario de Puente Grande y puestos a disposición de un juez de control y oralidad.

Entre el grupo hay 5 mujeres que también serán presentados ante la autoridad jurisdiccional en una primera audiencia este martes por la mañana, en la cual se determinará si los cargos fincados por el Ministerio Público son suficientes para vincularlos a proceso, luego que la fiscalía informó que a todas y todos los detenidos se les señala por el delito de

Daño a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

"Además del delito antes mencionado, siete de los detenidos deberán enfrentar otros cargos: a tres se les señala por daño en las cosas, y a otros cuatro se les agregan lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad”, precisó la Fiscalía. 

También hay cuatro menores de edad presuntamente implicados en los disturbios, ocurridos después de la marcha de la llamada generación Z, quienes permanecerán internados en un albergue hasta que por igual este martes sean presentados ante un juez especializado.

El traslado a Puente Grande de los adultos se dio casi 48 horas después de las detenciones el sábado pasado, luego que los capturados fueron enviados a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, muchos de ellos golpeados según narraron padres de familia que hasta el domingo por la tarde pudieron ingresar a la dependencia para hablar con su familiar en locutorios, a través de cristales.

Según la madre de uno de los detenidos que pidió no publicar su nombre, personal de Fiscalía pedía dinero para en la carpeta de investigación no fincar delitos graves y con ello evitar que su familiar fuera vinculados a proceso con cargos más severos.

Varios padres afirman que las detenciones fueron indiscriminadas, porque a quienes los policías consideraban sospechoso lo atrapaban y lo llevaban al interior de palacio de gobierno, donde “les pusieron otra madriza aparte de las que les dieron cuando los detuvieron”.

El caso más emblemático es el de Angel Yael Andrade Hernández, un hombre que transitaba por plaza de armas junto a su joven esposa y su hija de menos de dos años, cuando los policías comenzaron a realizar las detenciones.

“Veníamos caminando, íbamos pasando y vimos que todos empezaron a correr y les aventaban gases. Mi marido se quitó la playera para taparle la cara a mi niña de los gases que arrojaban, y llegó la policía y se lo llevaron dizque porque tenían vídeos de que nosotros veníamos con ellos. Pero nosotros no sabíamos ni lo que estaba pasando si no no hubiéramos venido ni nos expondríamos así con la niña”, dijo entre lágrimas Ana Karen Grande, luego que se llevaron a su pareja.

Lo mismo ocurrió con Fernanda, hija de Cristina González, quien dijo que la muchacha iba pasando -el centro de Guadalajara a las seis de la tarde del sábado estaba lleno de paseantes, turistas y compradores atraídos por el Buen Fin- cuando la detuvieron de forma injusta.

En ese marco, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) dijo advertir, basado en los numerosos testimonios y videos, “la comisión de múltiples violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, probables actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y violaciones a los derechos procesales”, por parte de autoridades estatales y municipales.

“Los hechos ocurridos evidencian la ausencia de protocolos de uso de la fuerza y actuación en contextos de movilización o protesta social. Las corporaciones encargadas de la seguridad pública no deben seguir cometiendo más violaciones de derechos humanos en contra de personas manifestantes, de quienes transitan por la zona y de periodistas que ejercen su labor”, dijo el Cepad.

Los señalamientos del Cepad se suman a los que el domingo hizo el cardenal Francisco Robles Ortega, al término de la misa dominical en la catedral de Guadalajara, donde dijo que el gobierno estatal falló para detener la violencia y detectar a personas infiltradas durante la manifestación.