l Grupo Salinas, es decir, Ricardo Salinas Pliego, ha entonado un canto de derrota cargado de aberraciones jurídicas y políticas. Dando por sentado que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de sentenciar en su contra, el consorcio Azteca ha hecho saber mediante un comunicado, con narcisismo corporativo, que por tal acción específica habrá terminado el estado de derecho en México.
Salta a la vista tal insensatez conceptual, que proviene del necesario posicionamiento demagógico que han venido desarrollando dicho grupo y su jefe, quien para fines de propaganda política se autodenomina Tío Richie (una especie de doctor Simi de la política: lo mismo, pero ahora abaratado por la disminución del capital a causa del pago inminente de adeudos fiscales).
El Estado de derecho no depende en su vigencia o extinción de las expresiones dolidas de la parte que en un litigio hubiese sido legalmente derrotada. Esa parte, afligida o amargada por el desenlace adverso, dañaría a dicho estado de derecho si se negara a reconocer el resultado final. Máxime si esa parte hubiese usado el amplio catálogo de opciones legítimas de defensa o, aún peor, que hubiera abusado de truculencias para retrasar durante casi 20 años la emisión de la sentencia correspondiente y que se hubiera valido tramposamente de juzgadores, incluyendo ministros de la Corte, para obstruir el curso correcto del proceso judicial.
Queda de manifiesto el embuste al leer que a estas alturas de un largo y sinuoso camino, el multimillonario en mención considera, a su puritita conveniencia, que lo correcto (según la Suprema Corte de Injusticia Azteca) es pagar lo que ese conglomerado empresarial considera “justo”. Valdría preguntar si el mismo criterio “justiciero” debería ser hecho valer por quienes han sufrido y sufren el esquema de usura practicado por algunas de esas firmas, particularmente Elektra y Banco Azteca.
El alegato, casi epitáfico, del Grupo Salinas en este asunto mantiene en alto una falsa bandera que también es aberrante: los cobros fiscales fueron “inventados por la autoridad con una clara intención política: la de callarnos sólo por el hecho de pensar diferente a ellos, expresar nuestras opiniones y, aunque les incomode, decirle la verdad a millones de mexicanos” (https://goo.su/VE9G).
Es altamente risible (Ricardo Salinas: RiSa) tal argumentación. El Grupo Salinas nunca pensó “diferente” a ellos, los gobernantes, ni dijo nunca “la verdad” a los mexicanos. Salinas Pliego, Televisión Azteca y ADN 40 estuvieron al servicio absoluto de Carlos Salinas de Gortari (quien favoreció a RiSa con la privatización de Imevisión, negocio en el que Raúl Salinas de Gortari le prestó, “a la palabra”, casi 30 millones de dólares), Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y una parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (de quien fue abierto impulsor electoral, beneficiario con cargos para su grupo y contratos sumamente ventajosos, ¡hasta coordinador de asesoría empresarial!).
La fortuna y la figura de Salinas Pliego fueron construidas desde el erario, por favores gubernamentales, por complicidades y servilismo, con sus medios electrónicos convertidos en instrumentos de presión (chantaje, cuando era necesario) y negociación para ganar contratos, convenios y asignaciones. Alegar, ahora, que el justo cobro de impuestos adeudados es una represalia por sus posicionamientos políticos y contra la libertad de expresión, es involuntario humor negro, algo así como un mal capítulo de Los Peluches de Tv Azteca.
Y, mientras la presidenta Sheinbaum ha anunciado un aparatoso Plan Michoacán, que implicaría la inversión de 57 mil millones de pesos, con 100 acciones de gobierno y revisión presidencial de avances cada 15 días, lo que lleva a preguntarse cómo se estira un presupuesto federal para estas reformulaciones y a cuáles otros estados se aplicarán planes similares, ¡hasta mañana!
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