Ciudad de México. En la colonia Lomas de Chamizal, en Cuajimalpa, entre los grandes edificios que hoy se levantan sobre antiguos cerros, una pareja de adultos mayores se resiste a formar parte del numeroso grupo de familias que han sido desalojadas en los años recientes. Sobre la avenida Secretaría de Marina y la calle Corbeta, en la manzana 29, lote 3, Roberto Buendía Álvarez y Alicia García Venegas han vivido más de medio siglo en el terreno adquirido por el padre de él, Roberto Buendía Hinojosa, ex trabajador de la industria militar.

En 1964, empleados de la Fábrica Nacional de Armas formaron la sociedad civil Lomas de Chamizal, mediante la cual compraron los terrenos donde realizaban prácticas de tiro. “El propósito de la agrupación era para que se ayudaran entre ellos mismos, no tenía un fin de lucro”, relató el señor Roberto. En 1983, los socios ganaron un amparo para frenar la venta ilegal de los lotes, aunque hoy el expediente se reporta extraviado en el archivo judicial.

A partir de 2010, durante la gestión del entonces jefe delegacional, Carlos Orvañanos Rea –hoy alcalde–, apareció una supuesta liquidadora de la sociedad civil con el argumento de regularizar la documentación de los terrenos, entre ellos el lote 3, que había quedado bajo custodia de la sociedad civil tras el fallecimiento de Buendía. La liquidadora fue integrada por cuatro síndicos, entre ellos Miriam Mónica Gutiérrez Martínez. Según los afectados, el proceso sirvió para identificar a quienes carecían de escrituras y comenzar una ola de demandas que derivó en la pérdida de 126 lotes, presuntamente adquiridos por inmobiliarias extranjeras.

En 2011, Miriam vendió de manera irregular el predio de la pareja a Martha Eugenia Olavarría Cabrer en un millón 18 mil pesos; un año después, se inscribió un aviso preventivo de compraventa ante el notario 221, Francisco Talavera Autrique –envuelto en controversias legales sobre adquisiciones–, a favor de la inmobiliaria Shaolon.

En 2022, la pareja enfrentó demandas por “despojo”. “Trataron de desalojarnos el 28 de abril de 2022, a puras mentiras del actuario 67; no traía orden de desalojo”, señaló Alicia. En 2024, la Defensoría Pública los reconoció como víctimas de fraude procesal y pidió a la fiscalía capitalina atender el caso bajo la carpeta CI-FICUJ/UAT-CUJ-1/UI-1S/D/0822/05-2022, lo cual no ha ocurrido.

Ahora enfrentan una nueva demanda por despojo por parte de Olavarría y deberán presentarse el martes 28 de octubre en la sala de audiencias número 18, en un juicio que podría definir el destino del hogar que han construido y defendido por más de 50 años.