Ciudad de México. A pesar de que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 asignó 29.8 millones de pesos al Programa de Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior (Pappems) con estudiantes con discapacidad, sólo se logró atender a 6 mil 733 alumnos, es decir, 20.2 por ciento de los 33 mil 269 matriculados en ese nivel educativo.

De acuerdo con el dictamen, en la segunda entrega de informes individuales de fiscalización de la cuenta pública 2024, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe modificar el diseño y aplicación del programa, pues del total de recursos asignados sólo se ejercieron 17.4 millones de pesos, mientras 12.4 millones fueron transferidos al ramo de previsiones salariales y económicas debido a “economías y medidas de cierre”.

A ello se suma que de los 472 planteles beneficiados, 109 reintegraron los fondos, debido a que los costos de contratar proveedores y adquirir insumos superaban el monto máximo de 60 mil pesos otorgados por plantel. Otros 39 centros educativos, ubicados en Baja California, Ciudad de México, Nuevo León y Yucatán no pudieron ser atendidos, porque estas entidades no formalizaron los convenios de colaboración para la operación del Pappems.

De las 433 escuelas restantes en 28 estados, la SEP no ministró recursos a 13 planteles seleccionados en Veracruz, ya que la entidad no contó con una cuenta bancaria específica para la recepción de los fondos. Por ello, el Pappems 2024 sólo entregó dinero público a 420 escuelas, pero más de un centenar reintegraron los fondos.

De acuerdo con las reglas de operación del programa, el recurso podía destinarse para adecuar infraestructura educativa, mobiliario, adquirir material didáctico, equipo especializado y tecnologías de la información, entre otros.

El dictamen recomienda a la SEP mejoras tanto en el diseño como en la aplicación del Pappems, en particular debido a la “falta de mecanismos de control para producir información relevante y de calidad sobre las acciones de infraestructura y equipamiento” realizadas en los planteles públicos beneficiados.

La ASF destaca que la autoridad educativa federal también debe adecuar el diseño del programa, por medio de la actualización del marco normativo que defina las funciones, responsabilidades y tramos de control de la unidad responsable, en este caso, la Subsecretaría de Educación Media Superior.