Ciudad de México. En su penúltimo año de funciones y cuando era encabezado por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) incumplió la ley en materia de contrataciones públicas e incurrió en probable daño a la Tesorería por 272.4 millones de pesos, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Una revisión forense reveló que el organismo judicial realizó pagos millonarios a proveedores sin documentación que acreditara la prestación de diversos servicios. Por éstas y otras anomalías, la ASF inició 11 procedimientos para investigar y sancionar a los responsables.

Violación de leyes

El informe incluido en la segunda entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2024 precisa que el extinto CJF pagó a proveedores 21.4 millones de pesos sin acreditar los servicios de seguridad y vigilancia de sus inmuebles; 49.4 millones sin justificar trabajos de mantenimiento y limpieza, y 201 millones sin documentación comprobatoria por servicios tecnológicos, de impresión, digitalización y soporte especializado.

Además, el órgano que estaba encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial no hizo efectiva una póliza de fianza por 431 mil pesos, derivada de que el servicio de comedor en sus instalaciones de Toluca fue suspendido dos meses por el proveedor.

En total, la ASF determinó un monto pendiente por aclarar de 272 millones 437 mil 450 pesos, y concluyó que, aunque el CJF había emprendido acciones para fortalecer su sistema de control interno, no fueron suficientes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos ni la observancia de la ley, lo que vulnera los principios de transparencia, control y rendición de cuentas.

Precisó que se comprobaron violaciones a distintas normas, como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por incumplir los requisitos de comprobación del ejercicio presupuestal.

Esta auditoría se realizó tras la desaparición del CJF derivada de la reforma judicial. Como parte de esa restructura, sus funciones e infraestructura fueron transferidas al Tribunal de Disciplina Judicial.