Chihuahua, Chih. A siete años del asesinato del Julián Carrillo Martínez, defensor rarámuri del bosque y del territorio de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, sus familiares denunciaron que permanecen en desplazamiento forzado, sin garantías de seguridad ni reparación integral, mientras continúa el despojo y la tala ilegal por parte del crimen organizado.

Julián fue comisario de bienes comunales de Coloradas de la Virgen y denunció el despojo del territorio y del bosque por parte de mestizos y narcotraficantes dedicados a la tala ilegal; por este activismo fue asesinado el 24 de octubre de 2018, tras años de hostigamiento y violencia que también costaron la vida de varios de sus familiares.

El colectivo Alianza Sierra Madre, que representa a la esposa, hijos, nietos y nietas de Julián, así como a otros habitantes desplazados de Coloradas de la Virgen, señaló que la falta de justicia y de protección, perpetúan el riesgo para quienes continúan la defensa del territorio.

La familia de Julián vivió amenazada por años debido a su actividad de defensores del bosque. El 5 de febrero del 2016 su hijo Víctor Carrillo fue asesinado, después su sobrino Guadalupe Carrillo Polanco en julio del mismo año; el 1 de julio del 2017, su sobrino Alberto Quiñones Carrillo también fue víctima de homicidio, y el 1 de julio del 2018 los criminales asesinaron a su yerno Francisco Chaparro Carrillo, pese contar con medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Julián Carrillo fue asesinado por un grupo de sicarios quienes lo sacaron de su casa, y lo acribillaron, el 24 de octubre del 2018, cuando supuestamente contaba con protección federal.

“Su esposa, hijos, nietos y nietas —que tuvieron que huir de su comunidad para salvar la vida— siguen sin poder regresar. No cuentan con garantías de seguridad, ni con una reparación integral por los daños sufridos. Viven lejos del territorio que Julián defendió, sin acceso pleno a sus derechos y con el peso de una justicia que no llega”.

“Mientras tanto, en Coloradas de la Virgen el bosque continúa talándose, las viviendas y tierras de cultivo fueron usurpadas, y el Estado mexicano no ha garantizado condiciones de seguridad ni de retorno digno para la comunidad desplazada. La violencia les arrebató todo, y nada ha sido reparado”.

“El caso de Julián simboliza el abandono institucional, en México y Latinoamérica, hacia las personas defensoras de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas. La falta de justicia y protección perpetúa el riesgo para quienes continúan la defensa del territorio”.