La Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició un procedimiento administrativo sancionador en contra del alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, por presunta violencia política de género.

Según la denuncia presentada por una concejala –cuyo nombre fue protegido para mantener la confidencialidad–, el alcalde ha ejercido una campaña de violencia, ofensas, desprestigio, burlas y ataques que han llegado hasta jaloneos y agresiones verbales.

Tras la verificación de pruebas presentadas, la Comisión de Quejas determinó que las conductas ejercidas por el alcalde pudieran constituir violencia política de género de tipo simbólico, sicológico y físico, pues hubo fotografías en las que se aprecia que Gutiérrez toma del brazo a la funcionaria pública, quien se quejó de “jaloneos”.

“Podría estarse menoscabando o anulando el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos político-electorales de la quejosa (…). Asimismo, las conductas denunciadas pudieran estar sustentadas en elementos de género, ocasionando con ello un impacto diferenciado que afecta desproporcionadamente a la denunciante por su condición de ser mujer”, indica el documento emitido por la Comisión de Quejas, de ahí que inició el procedimiento administrativo sancionador contra el panista.

De acuerdo con el informe más reciente de dicha comisión, en lo que va del año se han presentado dos denuncias por violencia política en razón de género y/o en contra de las mujeres en razón de género.

A principios de este mes, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México determinó que el Partido Acción Nacional fue omiso respecto de la atención de una denuncia de violencia política en razón de género contra una militante.

Según la víctima, sufría de acoso por uno de sus superiores, quien le hizo comentarios respecto de su cuerpo e incluso hubo tocamientos de por medio, por lo que presentó la queja correspondiente ante la Comisión de Justicia del Consejo Nacional de ese partido.

Tras haber desechado la queja porque supuestamente no había elementos para determinar la violencia, la militante presentó una queja ante el órgano electoral, que ordenó al instituto político iniciar la investigación respectiva.

Asimismo, resolvió que ese partido no tomó en cuenta que se trataba de una joven de 21 años y su agresor un hombre que le duplica la edad; tampoco se tomó en cuenta la relación de subordinación entre ambos.